Siete personas fueron rescatadas de tres campos frutihortícolas ubicados en las localidades bonaerenses de Ezeiza y Cañuelas, después de que se descubriera que estaban siendo sometidas a condiciones laborales “abusivas” y “precarias”.
La Policía Federal llevó a cabo el operativo tras una investigación de un mes y medio, que llevó a imputar a cinco dueños de los campos por trata y explotación laboral.
Las víctimas, quienes vivían y trabajaban en los campos, realizaban jornadas laborales extenuantes de casi 14 horas diarias, de lunes a sábado, por un pago mensual que apenas alcanzaba los 70.000 pesos. Además, se les exigía pedir permiso para poder descansar los domingos. Estas personas no contaban con medios de locomoción y vivían en casillas precarias, sin energía eléctrica, agua potable ni condiciones mínimas de higiene.
Los agentes de policía utilizaron drones durante el allanamiento y descubrieron que las entradas y salidas de los campos eran realizadas a través de camionetas de alta gama pertenecientes a los propietarios de los lugares.
Las víctimas, algunas de las cuales llevaban varios años trabajando en estos campos, mostraban una gran vulnerabilidad y sumisión hacia sus tratantes. A pesar de la oferta de un programa de asistencia, optaron por no acogerse a él debido a su situación de aislamiento y falta de familiares en la zona.
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Lomas de Zamora llevó a cabo el allanamiento, y los imputados fueron trasladados a la sede del departamento de Trata de Personas en Buenos Aires para ser notificados de la causa y sometidos a otras medidas procesales, incluida la prohibición de salida del país para evitar su fuga.
