El sistema de justicia para menores en Argentina atraviesa un cambio histórico. Tras obtener la media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto del nuevo Régimen Penal Juvenil logró dictamen en el Senado de la Nación este jueves 19 de febrero de 2026. Con el impulso del Gobierno nacional y la confirmación de la ministra Patricia Bullrich, la iniciativa se encamina a ser ley la próxima semana, introduciendo modificaciones estructurales en la forma en que el Estado procesa los delitos cometidos por adolescentes.
El eje central y más polémico de la reforma es la baja de la edad de imputabilidad, que pasará de los 16 años actuales a los 14 años. Según las autoridades, este cambio busca terminar con lo que denominan la puerta giratoria y asegurar que ningún delito quede impune bajo la excusa de la edad del infractor.
Claves del dictamen: escalas penales y tipos de sanciones
El texto que llegará al recinto del Senado establece un sistema de penas diferenciado según la gravedad del hecho y la calificación del delito:
- Delitos con penas menores a 3 años: Para infracciones leves, el proyecto descarta las penas de prisión. En su lugar, se aplicarán medidas alternativas orientadas a la reparación del daño.
- Delitos con penas de entre 3 y 10 años: En casos donde no existan muertes ni lesiones gravísimas, la ley priorizará sanciones socioeducativas y trabajo comunitario, buscando la resocialización antes que el encierro.
- Delitos graves: Para crímenes como homicidios o robos con armas, se prevé el alojamiento en institutos especializados, los cuales deberán ser diferenciados de las cárceles de adultos para cumplir con estándares internacionales.
Transparencia y participación de las víctimas
Un punto destacado por los legisladores oficialistas es la modificación del rol de la querella. En la redacción final, se busca que las familias de las víctimas tengan una participación más activa en el proceso, aunque se delegó en el Ministerio Público Fiscal la atribución principal sobre la suspensión del proceso a prueba. Patricia Bullrich enfatizó que el objetivo es que “el que las hace, las paga”, alineando la normativa con el discurso de seguridad del presidente Javier Milei.
Críticas de organismos de derechos humanos y especialistas
A pesar del avance parlamentario, la reforma enfrenta una fuerte resistencia de organismos de derechos humanos, la Iglesia Católica y asociaciones de defensores públicos. Los principales cuestionamientos se centran en:
- Inconstitucionalidad: Advierten que bajar la edad de punibilidad contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.
- Déficit de infraestructura: Especialistas señalan que los institutos de menores actuales datan de mediados del siglo XX y no cuentan con condiciones para implementar programas de reinserción efectivos.
- Impacto social: Organizaciones sociales destacan que la mayoría de los menores en conflicto con la ley provienen de contextos de pobreza extrema, y que la solución debería ser una política integral de educación y protección en lugar de profundizar el enfoque punitivo.
Implementación progresiva y presupuesto
Para evitar un colapso del sistema judicial, el proyecto estipula que la ley no será de aplicación inmediata. Se prevé un plazo de 180 días para la adecuación de las estructuras edilicias y la capacitación del personal. Además, el dictamen incluye una partida presupuestaria específica superior a los 23.000 millones de pesos para financiar la transición y la creación de nuevos centros de detención especializados.
Con este panorama, el Senado se prepara para una sesión definitoria la semana próxima. De aprobarse sin cambios, la Argentina tendrá un nuevo código para juzgar a sus adolescentes, marcando un giro de 180 grados en la política de seguridad ciudadana y justicia penal juvenil.
