El Juzgado Nacional en lo Comercial N°29, liderado por el juez subrogante Federico Güerri, ha declarado la quiebra de la empresa Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que desde 2019 se dedicaba a la producción de yogures, flanes y postres bajo licencia de SanCor. La firma había suspendido su producción a mediados de este año, alegando un proceso de “reordenamiento” que no se concretó, dejando a cientos de familias sin ingresos.
Impacto en el empleo y condiciones laborales
Las plantas de ARSA, ubicadas en Arenaza (Buenos Aires) y Sunchales (Santa Fe), junto con un centro de distribución en Córdoba, empleaban a más de 400 trabajadores. Muchos de ellos llegaron a cobrar sus salarios de forma fragmentada, e incluso en ocasiones se les abonó solo el 25% de su sueldo. Además, los aportes para la seguridad social y la obra social permanecieron impagos durante más de tres años.
“Nos fueron dejando sin nada. Primero redujeron turnos, después dejaron de pagar y al final apagaron las máquinas sin dar la cara”, mencionaron empleados de la planta bonaerense en entrevistas con medios locales.
La crisis del sector lácteo y el caso ARSA
La quiebra de ARSA refleja la debilidad del sector lácteo argentino, que enfrenta diversos desafíos como la caída del consumo interno, una sobreoferta de leche cruda, y el aumento de costos en energía y logística. A esto se suma la crisis de SanCor, que ha perdido licencias de sus marcas y capacidad de producción en los últimos años. ARSA surgió en este contexto, prometiendo inversiones que nunca se materializaron.
Responsabilidades y reclamos de los trabajadores
La empresa estaba bajo el control de un grupo inversor que incluía a BAF Capital, con vínculos a Vicentin, y a los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, relacionados con La Suipachense (Maralac S.A.). Hasta el presente, ningún responsable ha comparecido ante los empleados ni ha ofrecido explicaciones sobre la situación financiera de la compañía.
El fallo judicial incluye la inhibición general de bienes, el bloqueo de cuentas bancarias y la restricción de salida del país del administrador, mientras se inicia la etapa de liquidación del patrimonio.
Demandas de los empleados y acciones del gremio
Los trabajadores exigen prioridad en el pago de sus haberes e indemnizaciones, así como una investigación respecto a la administración de los fondos de ARSA. Desde el gremio ATILRA, se está considerando la posibilidad de intervenir en el proceso judicial para asegurar que se respeten los derechos laborales. “Lo que ocurrió con ARSA no puede repetirse. No se trata solo de una quiebra: es el resultado de años de irresponsabilidad empresarial y ausencia de controles”, indicaron desde el sector sindical.
