Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza y del PRO presentaron un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa propone cobrar determinadas prestaciones en hospitales públicos y los estudios de grado en universidades provinciales a quienes no acrediten residencia permanente en la Argentina.
El anuncio fue realizado por el jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, quien vinculó la presentación con la polémica que se produjo en redes sociales después de la final del Mundial 2026. El legislador cuestionó que personas extranjeras utilicen gratuitamente servicios públicos argentinos sin haber establecido una residencia permanente en el país.
La propuesta cuenta con las firmas de legisladores de La Libertad Avanza y el PRO.
Qué dice el proyecto para arancelar salud y educación a extranjeros
El texto crea un régimen destinado a personas extranjeras que no acrediten residencia permanente. Dentro de ese grupo quedarían comprendidos los residentes temporarios, transitorios y quienes cuenten con una autorización de residencia precaria, según las categorías establecidas por la Ley Nacional de Migraciones.
Esto significa que el cobro no alcanzaría a todos los extranjeros. Quienes tengan residencia permanente continuarían accediendo a los servicios provinciales en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos.
Los autores sostienen que los recursos públicos bonaerenses son limitados y deben priorizar a quienes viven y contribuyen de manera permanente en el territorio. También argumentan que el dinero recuperado podría utilizarse para mejorar hospitales, comprar medicamentos y reforzar la infraestructura educativa.
Cómo sería el cobro en los hospitales públicos bonaerenses
En el área sanitaria, los extranjeros sin residencia permanente deberían pagar las prestaciones recibidas en establecimientos dependientes de la Provincia. Podrían hacerlo de manera particular, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado a cubrir los gastos.
Para consultas, tratamientos y prácticas programadas, el paciente tendría que demostrar que posee cobertura médica o abonar el arancel antes de recibir la prestación. Los valores todavía no fueron establecidos y deberían definirse mediante la reglamentación correspondiente.
La facturación se canalizaría por el Sistema de Atención Médica Organizada, conocido como S.A.M.O., una herramienta que actualmente utilizan los hospitales bonaerenses para recuperar el costo de prestaciones realizadas a personas con obra social o cobertura privada.
Según el proyecto, lo recaudado ingresaría al Fondo Provincial de Salud del S.A.M.O. y tendría que destinarse a la compra de insumos, medicamentos y equipamiento, obras de infraestructura y mejoras en la capacidad operativa de los establecimientos.
Las emergencias médicas seguirían siendo atendidas
La iniciativa establece que ninguna persona podrá ser rechazada, demorada o condicionada al pago cuando exista una urgencia o emergencia con riesgo para la vida. En esos casos, la atención deberá brindarse de inmediato y el eventual recupero del dinero se tramitará después de que el paciente haya sido estabilizado.
También quedarían exceptuadas las víctimas de trata de personas y las acciones relacionadas con la prevención, vacunación, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria.
El proyecto invita, además, a los municipios bonaerenses que administran hospitales o centros de salud propios a adherir al régimen. Cada gobierno local debería decidir si aplica un sistema similar en sus establecimientos municipales.
Qué pasaría con los estudiantes extranjeros en las universidades
El segundo eje obliga a las universidades provinciales de gestión estatal a cobrar los estudios de grado a estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Cada institución tendría la facultad de fijar los montos, la forma de pago y los mecanismos de actualización.
En la Provincia funcionan dos universidades de carácter provincial: la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Provincial de Ezeiza, según el registro oficial de universidades con sede en territorio bonaerense.
La propuesta no alcanzaría de manera directa a universidades nacionales como la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional de Mar del Plata o la Universidad Nacional del Sur. Esas instituciones dependen del régimen nacional y cuentan con autonomía para adoptar sus propias decisiones.
El articulado tampoco incluye a jardines de infantes, escuelas primarias o secundarias. El cobro se limitaría a carreras de grado universitarias cursadas por extranjeros que no posean residencia permanente.
El antecedente del Gobierno nacional
La presentación bonaerense sigue la línea de la reforma migratoria impulsada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 366/2025. Esa norma estableció que los extranjeros con residencia permanente pueden acceder gratuitamente a la salud pública y la educación universitaria, mientras habilitó el cobro a quienes tengan otras categorías migratorias.
En el ámbito educativo nacional, el decreto permite que cada universidad estatal determine si cobra o no a los estudiantes extranjeros temporarios. El proyecto presentado en la Legislatura bonaerense busca avanzar un paso más y convertir el arancelamiento en una obligación para las universidades administradas por la Provincia.
Cuándo podría comenzar a aplicarse
Por el momento, no habrá cambios inmediatos en hospitales ni universidades. La iniciativa debe ser tratada en comisiones, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo provincial.
Si se convierte en ley, el gobierno de Axel Kicillof tendría 90 días corridos para reglamentar el capítulo sanitario, publicar el nomenclador con los valores y establecer los mecanismos de facturación. Las universidades provinciales contarían con el mismo plazo para modificar su normativa interna.
El proyecto anticipa un debate político intenso dentro de la Legislatura. Mientras los bloques libertarios plantean que el cobro permitiría cuidar los recursos de los contribuyentes bonaerenses, el oficialismo provincial ha defendido hasta ahora el acceso a la salud y la educación públicas sin aranceles. Su posible aplicación dependerá, por lo tanto, de los votos que la oposición consiga reunir en ambas cámaras.
