El escenario de las paritarias en Argentina ha dado un giro drástico en febrero de 2026. Ante una inflación que no da tregua y el encarecimiento sostenido de los servicios básicos, los principales gremios que representan a los trabajadores del Estado han unificado un reclamo contundente: un salario inicial de $1.800.000. Esta cifra no es arbitraria, sino que responde a la necesidad de cubrir una Canasta Básica Total (CBT) que, para una familia tipo, ya supera con holgura el millón de pesos.
El desfasaje entre los sueldos y el costo de vida
La urgencia de los trabajadores estatales surge de los últimos datos publicados por el INDEC y consultoras privadas. Según los informes de febrero de 2026, una familia de cuatro integrantes necesitó aproximadamente $1.360.299 solo para evitar caer en la pobreza. Sin embargo, este valor no contempla el pago de un alquiler, un gasto que en las principales ciudades del país ya absorbe entre el 30% y el 50% de un ingreso promedio.
Con el pedido de un piso de $1.800.000, los sindicatos buscan establecer un “mínimo de dignidad” que permita a los empleados públicos no solo alimentarse, sino también costear vivienda, transporte y educación, ítems que han sufrido aumentos por encima del índice general de precios.
Estado de las negociaciones: entre ofertas del 12% y el rechazo gremial
Mientras los gremios como ATE y UPCN presionan por este nuevo piso, las ofertas gubernamentales en distintos niveles del Estado se encuentran lejos de las expectativas:
- Provincia de Buenos Aires: La gestión de Axel Kicillof oficializó recientemente un incremento del 1,5% a cuenta, luego de que las propuestas del 3% y 5% fueran calificadas como “insuficientes” por los sindicatos.
- Santa Fe: El gobierno provincial propuso un 12,5% de aumento hasta junio, con un mínimo garantizado de $1.170.000 para febrero. Si bien algunos sectores de UPCN aceptaron, ATE mantiene la guardia alta exigiendo una recomposición real frente a la pérdida del poder adquisitivo de 2025.
- Nivel Nacional: Los estatales nacionales comenzaron febrero con incrementos residuales del año pasado (entre 1% y 2%), lo que profundiza el malestar en las bases que exigen una reapertura inmediata de la mesa de negociación.
¿Por qué el pedido de $1.800.000 marca un precedente?
Este reclamo marca un hito en la dinámica paritaria por tres razones fundamentales:
- Sueldos por debajo de la línea de pobreza: Actualmente, un gran porcentaje de la planta estatal percibe haberes que los ubican técnicamente como “pobres”, una situación que los gremios consideran insostenible para el funcionamiento del Estado.
- Referencia para otros sectores: El número de $1.800.000 ya resuena en otros sectores como el docente y el sanitario, que también enfrentan conflictos abiertos y amenazas de medidas de fuerza para el inicio del ciclo lectivo.
- Cláusulas de actualización: Los sindicatos ya no solo piden un monto fijo, sino mecanismos de actualización bimestral o mensual para evitar que el acuerdo quede obsoleto en menos de 30 días.
Lo que viene: ¿Habrá medidas de fuerza?
La tensión es máxima. Con la Canasta Básica de Crianza también en alza (superando los $600.000 según el último registro de INDEC), la presión sobre el salario es total. Los gremios han advertido que, de no obtener una respuesta cercana al piso solicitado, marzo podría comenzar con paros generales y movilizaciones en todo el país.
Para el usuario que depende del servicio público o es trabajador del sector, las próximas 72 horas serán clave para definir si el Gobierno cede ante el pedido de los $1.800.000 o si el conflicto escala hacia un freno en la administración pública.
