El conflicto por el presupuesto educativo en Argentina suma un nuevo capítulo clave en este inicio de 2026. Tras meses de tensión, el Gobierno nacional ha decidido impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario, la cual busca reemplazar la normativa vigente que fue ratificada por el Congreso el año pasado tras el veto presidencial.
Esta iniciativa se presenta como un intento del Poder Ejecutivo para desactivar el conflicto judicial y social, buscando un equilibrio entre las demandas de las casas de altos estudios y la premisa de “déficit cero” que guía la gestión económica actual.
Los puntos centrales del nuevo proyecto
La propuesta oficial tiene como objetivo principal garantizar la viabilidad fiscal del sistema educativo superior, proporcionando un marco de previsibilidad que, según el Gobierno, la ley anterior no aseguraba. Los ejes principales que se discuten incluyen:
- Actualización de gastos de funcionamiento: Se contempla un incremento en las partidas destinadas a mantener los edificios, servicios y laboratorios, aunque bajo una fórmula que prioriza la sostenibilidad de las cuentas públicas.
- Recomposición salarial: El proyecto busca establecer un esquema de actualización para docentes y no docentes, un sector que ha encabezado las protestas debido al impacto de la inflación en sus haberes.
- Negociación con el CIN: Representantes del Ministerio de Capital Humano, incluyendo al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, han mantenido reuniones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para pulir detalles técnicos y alcanzar un consenso que facilite su aprobación.
Calendario legislativo: Sesiones Extraordinarias y prórroga
Para que esta ley sea tratada de inmediato, el Gobierno incluirá el proyecto en el temario de las Sesiones Extraordinarias. Se espera que en las próximas horas se oficialice mediante el Boletín Oficial la extensión del período de extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero de 2026.
Esta prórroga no solo beneficiaría al financiamiento universitario, sino que también permitiría avanzar con otras reformas clave que el oficialismo tiene en agenda, como el Régimen Penal Juvenil y diversas modificaciones en materia laboral.
El contexto de las universidades públicas
La situación en las universidades nacionales es crítica. Desde el CIN, los gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA) han advertido que, con el presupuesto prorrogado y las partidas actuales, el normal desarrollo de las clases y la investigación está en serio riesgo para el ciclo lectivo 2026.
Mientras el Gobierno ofrece una ley que considera “fiscalmente responsable”, la comunidad universitaria reclama que el presupuesto destinado a educación superior alcance al menos el 0,23% del PBI para cubrir las necesidades operativas mínimas. La brecha entre lo que el Ejecutivo está dispuesto a otorgar y lo que las instituciones dicen necesitar para funcionar es el núcleo de la discusión que ahora se traslada al Congreso.
¿Qué esperar en las próximas semanas?
El éxito de esta nueva ley dependerá de la capacidad del oficialismo para construir mayorías en una Cámara de Diputados y un Senado que ya han mostrado resistencia a recortes previos en educación. Si se logra un acuerdo, la nueva norma reemplazaría a la actual, brindando un nuevo marco jurídico para el envío de fondos.
Para los estudiantes y trabajadores del sector, la resolución de este debate antes del inicio masivo de clases en marzo es fundamental para garantizar un año académico sin interrupciones.
