El juicio oral que debía evaluar las responsabilidades de organismos estatales por la trágica inundación del 2 y 3 de abril de 2013 en La Plata, terminó en menos de una jornada. Y con una condena mínima: el único acusado deberá pagar 12.500 pesos de multa y fue inhabilitado por un año para ejercer cargos públicos.
Este miércoles empezó y concluyó el juicio oral por las inundaciones en la ciudad de La Plata del 2 y 3 de abril de 2013, que dejaron un saldo de al menos 89 muertos. Sergio Ariel Lezana, un funcionario municipal de Defensa Civil, era el único acusado por incumplimiento de funcionario público y fue el único condenado. Será inhabilitado para ejercer cargos públicos por un año y deberá pagar una multa de ente 700 y 12.500 pesos.
En principio también había sido procesado el titular de Defensa Civil de la Provincia, Miguel Ángel Di Lorenzo, pero este falleció meses atrás. De esta forma, si bien el juzgado correccional 4 llamó a declarar a distintos testigos, Lezana, funcionario de segunda línea, fue el único acusado que se sentó en el banquillo y que podía recibir una pena.
“Reconozco que no he cumplido mi función como director de Defensa Civil”. Con esa afirmación, Sergio Ariel Lezana, resultó, para la Justicia platense, el único condenado.
El delito que se le imputó al funcionario municipal de Defensa Civil no implicaba el cumplimiento efectivo de prisión. Por esta razón las únicas condenas que recibió tras el proceso que se llevó adelante este miércoles son: la inhabilitación para ejercer cargos públicos entre un mes y un año, además de una multa de entre $700 y 12.500 pesos. La sentencia se conocerá recién el 15 de marzo.
En 2015, la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Inundación pidió que se cite a declarar a Daniel Scioli y Pablo Bruera, gobernador de la provincia de Buenos Aires e intendente de la Plata durante las inundaciones, respectivamente.
Sin embargo, los pedidos fueron infructuosos. El mencionado informe determinó que, ante una tragedia de similar naturaleza, los primeros responsables de organizar la evacuación son los municipios. La resolución del proceso trajo un evidente malestar entre familiares de las víctimas.
