El Ministerio de Economía de la Nación oficializó este jueves la Resolución 1974/25, mediante la cual se prorroga hasta el 28 de febrero de 2026 la declaración de emergencia agropecuaria que afecta a diversas zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, duramente golpeadas por las inundaciones de los últimos meses.
La medida convalida la declaración realizada por el Gobierno bonaerense a principios de noviembre, y permite que los productores cuyas explotaciones estén dentro de las áreas alcanzadas accedan a beneficios impositivos y crediticios, incluyendo exenciones y prórrogas otorgadas por ARCA.
Municipios alcanzados
La emergencia comprende zonas específicas —no todo el territorio— de los siguientes distritos bonaerenses:
- Veinticinco de Mayo
- Saladillo
- Bragado
- Lincoln
- General Belgrano
- Azul
- Pila
- Bolívar
Estas áreas se suman a otros municipios que ya tenían vigente la misma condición, como Carlos Casares y 9 de Julio, donde el anegamiento también dejó secuelas significativas.
En total, millones de hectáreas quedaron bajo agua en la Provincia debido al exceso de precipitaciones registrado durante este año, lo que generó fuertes pérdidas económicas y productivas.
Reclamos y obras pendientes
Más allá de la prórroga de la emergencia, el sector agropecuario bonaerense insiste en la necesidad de que la Nación retome las obras estructurales del Río Salado, fundamentales para mitigar futuros anegamientos.
Los trabajos permanecen paralizados desde diciembre de 2023, y si bien recientemente se anunció su reactivación, aún no se registran avances concretos.
Avances del plan maestro en la Provincia
En paralelo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con la siguiente etapa del Plan Maestro del Río Salado.
Esta semana se otorgó el apto ambiental para la Etapa V, que abarca el tramo Junín–Bragado, lo que habilita a iniciar obras una vez que la Nación finalice la ejecución de la Etapa IV.2.
Con estas decisiones, la Provincia busca acelerar las intervenciones necesarias para reducir el riesgo hídrico en una de las zonas productivas más importantes del país, mientras los productores esperan que el Estado Nacional acompañe con infraestructura y recursos que permitan enfrentar el impacto creciente de las inundaciones.
