Las estadísticas públicas argentinas vuelven a quedar bajo la lupa internacional en un momento de extrema sensibilidad económica. El Fondo Monetario Internacional lanzó un duro cuestionamiento a la metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos para medir el Índice de Precios al Consumidor y reclamó el tratamiento inmediato de una nueva ley que garantice la independencia del organismo.
La fuerte advertencia técnica quedó plasmada en el último informe de los equipos técnicos del organismo multilateral. Si bien la conducción de Kristalina Georgieva avaló las metas fiscales globales del Gobierno y destrabó un desembolso clave de US$1.000 millones, el documento dedicó un apartado crítico al retraso metodológico del índice que marca el día a día del bolsillo de los argentinos.
Por qué el organismo afirma que el cálculo del IPC quedó obsoleto
El eje central del reclamo del Fondo apunta a que la canasta de bienes y servicios utilizada para medir la inflación mensual perdió representatividad real. El esquema vigente se apoya en parámetros de consumo y hábitos de la población que datan de 2004, una estructura que ya no refleja de manera fiel cómo gastan sus ingresos las familias en la actualidad.
Esta distorsión metodológica genera interrogantes sobre la velocidad real de la desinflación. El índice actual continúa computando gastos en retroceso como la telefonía fija o los diarios de papel, mientras que subestima el peso relativo de los rubros que más aumentaron bajo la actual política económica del presidente Javier Milei, tales como las tarifas de servicios públicos, luz, gas y agua.
El quiebre interno y la postergación de la nueva canasta
La renovación de la estructura de medición del INDEC ya se encontraba desarrollada y lista para su implementación. El proyecto original contemplaba adoptar los datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2017 y 2018 para modernizar el indicador durante los primeros meses del año.
Sin embargo, el proceso técnico quedó totalmente paralizado tras la salida de Marco Lavagna de la dirección del instituto el pasado 2 de febrero. La renuncia se precipitó ante las marcadas diferencias con el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo, quien frenó la puesta en marcha de la nueva metodología. Frente a las objeciones del Fondo, las autoridades nacionales se comprometieron formalmente a aplicar el nuevo IPC recién cuando la tendencia de desinflación se encuentre completamente consolidada en el territorio nacional.
El reclamo de una nueva ley para blindar las estadísticas
Más allá de la actualización técnica de los precios, el organismo multilateral demandó reformas institucionales profundas. El informe del staff enfatizó la necesidad de sancionar un nuevo marco regulatorio para el INDEC que robustezca su autarquía y dote a sus autoridades de una estabilidad jurídica que impida la interferencia o manipulación política de los gobiernos de turno.
Las observaciones críticas respecto a las demoras en la provisión de información de calidad también se extendieron a otros indicadores macroeconómicos de relevancia:
- Cuentas nacionales: Se detectaron limitaciones severas de precisión y desagregación debido a que se trabaja sobre un año base considerado totalmente obsoleto por los analistas.
- Estadísticas del sector externo: El informe advirtió sobre restricciones severas en el acceso a datos oportunos, dado que los balances oficiales acumulan un rezago técnico de tres meses debido a su publicación de carácter trimestral.
