Una grave investigación judicial sacude al partido de General Alvarado tras confirmarse que el agua que consumían alumnos de una escuela secundaria, una primaria y un jardín de infantes de la localidad de Mar del Sud no era apta para consumo humano, a pesar de existir informes oficiales que aseguraban lo contrario.
El caso, liderado por el fiscal federal Carlos Martínez, de la Unidad Fiscal Mar del Plata, se inició hace cuatro meses por la denuncia de un padre que sospechaba contaminación en el suministro de agua. La División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina ejecutó allanamientos en distintos domicilios y oficinas del Consejo Escolar de General Alvarado, donde secuestraron documentación y celulares para su análisis.
Cómo comenzó todo
Durante 2024, varias familias denunciaron que sus hijos sufrían cuadros de gastroenteritis recurrentes. Preocupadas, solicitaron análisis privados antes del ciclo lectivo 2025, cuyos resultados —con fecha 5 de marzo— detectaron Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, bacterias que confirman contaminación fecal y representan un riesgo grave para la salud.
Pese a este informe, las autoridades escolares mostraron estudios con membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) que certificaban la potabilidad del agua. Sin embargo, al consultar a la profesional que supuestamente había firmado esos documentos, se reveló que eran falsificados. Esto dio origen a la denuncia penal.
Avance de la investigación
El fiscal Martínez, junto a los auxiliares Agustín Roldán y Victoria Piro, comenzó a reunir pruebas que vinculan a un contratista del Consejo Escolar —encargado de limpiar tanques y tomar muestras de agua— como primer imputado.
Con el correr de los meses, se sumaron cuatro funcionarios del Consejo Escolar bajo sospecha de haber ocultado información y utilizado documentos apócrifos para avalar el consumo de agua contaminada en los establecimientos educativos.
El miércoles, la Policía Federal realizó allanamientos simultáneos en domicilios particulares y dependencias oficiales, donde se incautó gran cantidad de documentos y dispositivos electrónicos. Los peritajes estarán a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Además, personal de la fiscalía tomó declaración a docentes y empleados de las escuelas afectadas.
Una trama que preocupa a toda la comunidad educativa
La investigación busca determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios involucrados y esclarecer por qué, pese a conocer la contaminación, se avaló el consumo de agua peligrosa.
El caso genera alarma entre familias y docentes de Mar del Sud, mientras las escuelas afectadas continúan bajo seguimiento sanitario
