En las últimas horas el Gobierno cerró finalmente la compra del nuevo avión Tango 01.
Ahora, el Gobierno deberá depositar U$S 22.230.000 en una cuenta de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo que depende de Naciones Unidas, y entregar el viejo Tango 01, valuado en casi USD 3 millones.
Aunque los fondos saldrán, en principio, del Tesoro Nacional, la operación se financiará con un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 12 millones de dólares, con un plazo de 10 años.
La semana pasada, la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, le había mandado una nota reservada al Ministerio de Economía para que analice las formas de financiamiento.
Luego de la trasferencia a la OACI, se firmará el contrato y el último paso es la inspección pre compra (PPI). “No es un tema menor, en ese tipo de inspecciones pueden aparecer sorpresas”, advirtió una fuente del mercado aeronáutico.
Ya hubo otras inspecciones previas. En junio, una comitiva integrada por equipos técnicos de la OACI y de Presidencia viajó a Sarasota (Estados Unidos) para revisar la aeronave. Luego de ese viaje, los expertos recomendaron avanzar.
Si no hay sorpresas, el avión podría estar disponible para enero.
El avión elegido, un Boeing 757-256 identificado con la matrícula N7575AG, tiene capacidad para 39 pasajeros, un dormitorio principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones. A diferencia del Tango 01, puede volar sin escalas hasta Europa o Estados Unidos.
Desde el punto de vista técnico, los expertos de Presidencia aseguran que es un avión fabricado en 2000 (el Tango 01 es de 1992), que tiene winglets (aletas que se sitúan en la punta del ala y reducen el consumo de combustible), y que tiene un sistema de iluminación y de humidificación de la cabina más moderno de lo requerido.
El Tango 01 está parado desde 2015. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo varios intentos frustrados para comprar otro avión: la primera licitación ante la OACI se cayó por las internas dentro del Gobierno y la segunda por la realidad económica del país.
Cuando llegó Alberto Fernández a la Casa Rosada, los responsables de la flota presidencial recomendaron reparar el avión con una inversión estimada entre USD 12 y 15 millones. Los trabajos previstos incluían la “rectificación” de los motores, la pintura exterior, reparar el tren de aterrizaje, la actualización de la unidad de adquisición de datos de vuelo (DFDAU) y del software del sistema de comunicación digital de abordo, y hasta agregar tanques suplementarios de combustible para poder volar hasta el sur de Europa o Estados Unidos sin realizar escalas.
La OACI habría desaconsejado la reparación por las dificultades para conseguir las piezas y por el tiempo que lleva parado. De esa manera se pasó a la opción de un “exchange”, que significa cambiar el avión por uno similar, de la misma marca y modelo, y en abril se lanzó una licitación internacional.
Se presentaron solo tres oferentes y uno solo cumplía con todos los requisitos. Pese al enorme costo político, Alberto Fernández decidió comprar ese avión antes de dejar la Casa Rosada
