El conflicto en el transporte público argentino ha escalado a un nivel de confrontación legal sin precedentes. Este fin de semana, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, inició el proceso administrativo para sancionar a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, por haber incumplido la conciliación obligatoria dictada durante la reciente medida de fuerza nacional.
La decisión oficial marca un endurecimiento en la estrategia del Gobierno nacional frente a los gremios del sector, acusándolos de haber mantenido el cese de actividades a pesar de la orden legal de retrotraer el conflicto y garantizar la prestación de los servicios básicos.
Multas millonarias y la Ley de Asociaciones Sindicales
Las sanciones que evalúa el Ejecutivo no se limitan a simples apercibimientos. Fuentes oficiales confirmaron que se están calculando multas que podrían superar los $1.000 millones para cada organización. Este monto se desprende de la aplicación de la normativa que castiga las infracciones por cada trabajador afectado o por cada jornada de servicio interrumpida ilegalmente.
Sin embargo, el punto más crítico para los gremialistas es la posibilidad de que el Gobierno solicite ante la justicia la suspensión o quita de la personería gremial. Esta medida, aunque de difícil ejecución inmediata, representaría el golpe más duro para la estructura de poder de Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad), ya que les impediría recaudar cuotas sindicales y representar formalmente a los trabajadores en paritarias.
Los argumentos de los sindicatos frente a la sanción
Desde la vereda gremial, la postura es de rechazo absoluto a las acusaciones de ilegalidad. La UTA sostiene que no hubo un incumplimiento voluntario, sino que la “falta de acreditación de haberes” por parte de las cámaras empresarias generó una situación de retención de tareas legítima, la cual, según su interpretación jurídica, no puede ser frenada por una conciliación obligatoria.
Por su parte, La Fraternidad argumenta que el paro en los ferrocarriles respondió a cuestiones de seguridad operativa y falta de inversión en el mantenimiento de las formaciones, lo que eximiría al sindicato de las responsabilidades civiles y administrativas por el corte del servicio.
Impacto en los usuarios y el futuro del boleto
Para el usuario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del interior del país, este enfrentamiento legal prolonga la incertidumbre sobre la frecuencia de los colectivos y trenes. El conflicto de fondo sigue siendo el financiamiento: mientras el Gobierno nacional mantiene el recorte de subsidios, las empresas aseguran que no pueden pagar los aumentos salariales pactados si no hay un nuevo incremento en el valor del boleto o una inyección de fondos estatales.
Se estima que, de continuar esta parálisis en las negociaciones, el pasaje mínimo de colectivo podría sufrir un nuevo ajuste técnico en marzo para intentar equilibrar las cuentas de las prestatarias y evitar nuevos paros encubiertos por “falta de combustible” o “frecuencias reducidas”.
Un escenario judicializado
El conflicto ahora se traslada a los tribunales. El Gobierno ya ha comenzado a recopilar las actas de constatación realizadas por inspectores de la Secretaría de Trabajo y de la CNRT para demostrar que, tras la notificación de la conciliación, los servicios no fueron restablecidos en tiempo y forma.
Esta batalla legal será determinante para el equilibrio de fuerzas entre el modelo de reforma laboral del presidente Javier Milei y el poder de fuego de los sindicatos de transporte, históricamente capaces de paralizar la actividad económica del país. Los próximos días serán vitales para definir si hay una tregua administrativa o si el sistema de transporte entra en una fase de conflicto permanente.
