El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS y su absorción por el Ministerio de Salud en medio de una causa por corrupción

El debate sobre el rol del Estado en las políticas sociales volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública en medio de ajustes presupuestarios, reordenamientos administrativos y denuncias cruzadas. En ese contexto, una decisión oficial reavivó la discusión sobre cómo se gestionan los derechos de uno de los sectores más sensibles de la sociedad.

El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS y su absorción por el Ministerio de Salud

El Gobierno nacional confirmó que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dejará de existir como organismo descentralizado y pasará a ser absorbida por el Ministerio de Salud. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la que sostuvo que la medida apunta a reducir estructuras administrativas y reforzar los controles.

Según explicó el funcionario, el esquema actual de la Agencia será reemplazado por una gestión centralizada dentro de Salud, con el objetivo de modificar la forma en que se administran las políticas vinculadas a la discapacidad.

Los argumentos oficiales y la promesa sobre las pensiones

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión en la existencia de presuntas irregularidades en la asignación de pensiones por discapacidad. En ese marco, Adorni afirmó que el cierre de la Andis busca “transparentar al infinito” el sistema y “recortar estructura inútil”.

El jefe de Gabinete aseguró que la reestructuración:

  • No implicará la eliminación de pensiones vigentes
  • Buscará garantizar criterios sanitarios unificados
  • Incorporará auditorías permanentes y trazabilidad de los expedientes
  • Eliminará la discrecionalidad en la toma de decisiones

Desde el Gobierno insistieron en que las políticas de discapacidad continuarán, pero bajo un esquema de mayor control administrativo y sanitario.

Las irregularidades señaladas por el Ejecutivo

Sin referirse de manera directa a causas judiciales en curso, el Gobierno enumeró una serie de situaciones que, según indicó, motivaron la decisión de avanzar con el cierre del organismo.

Entre los puntos mencionados se incluyeron:

  • Pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas
  • Beneficios otorgados sin documentación médica válida
  • Profesionales que avalaban trámites sin respaldo clínico
  • Organizaciones que habrían facturado servicios no prestados

Desde Casa Rosada señalaron que estas prácticas obligaron a replantear el funcionamiento integral del área.

El escándalo de corrupción que rodea a la ANDIS

La decisión oficial se da en paralelo al avance de una causa judicial que involucra a exfuncionarios y presuntas maniobras irregulares dentro de la Agencia. La investigación se originó tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, exabogado y persona cercana al presidente Javier Milei.

En esas grabaciones se hacía referencia al pago de coimas vinculadas a la compra de medicamentos, además de menciones a dirigentes del entorno presidencial. El tema generó un fuerte impacto político y aceleró la revisión interna del organismo.

Incertidumbre y reconfiguración de las políticas de discapacidad

Mientras el Gobierno avanza con la reestructuración administrativa, el cierre de la Andis genera incertidumbre en organizaciones, familias y beneficiarios, en un contexto marcado por recortes y redefiniciones en el área social.

La absorción de la Agencia por parte del Ministerio de Salud abre una nueva etapa en la gestión de las políticas de discapacidad, en la que el foco oficial estará puesto en el control, la auditoría permanente y la revisión integral de los beneficios otorgados.

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