Una diputada presentó un proyecto que busca eliminar la ley de aborto legal, proponiendo penas de prisión para quienes lo practiquen. Detalles, en esta nota.
La diputada nacional Rocío Bonacci, representante del partido político La Libertad Avanza, presentó un proyecto destinado a derogar la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta noticia surge tras la sesión infructuosa del oficialismo el martes, donde se intentaba aprobar en particular la Ley Ómnibus. La inclusión de otros legisladores como acompañantes de la iniciativa generó un fuerte malestar dentro de la bancada.
Según el comunicado, la medida cuenta con la firma de varios legisladores, incluyendo a Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago, quien es el presidente del bloque libertario. La diputada autora del proyecto aclaró en redes sociales que esta iniciativa es suya y no del Ejecutivo, y que fue presentada para la consideración del cuerpo legislativo al que pertenece.
Por su parte, el diputado Quintar explicó en redes sociales que, aunque no firmó el proyecto, apoya la defensa de las dos vidas y que seguramente se posicionará del lado correspondiente cuando sea pertinente. Además, la diputada Bonacci hizo hincapié en que las firmas de otros miembros de su bloque no fueron necesariamente físicas, sino más bien simbólicas, tras conversaciones previas sobre el proyecto, tanto en persona como a través de mensajes. Rechazó las acusaciones de que se tratara de una operación política.
¿Qué propone el proyecto y cuáles son los fundamentos?
El proyecto propuesto contempla una serie de modificaciones legales en relación con el aborto. En uno de sus artículos se establece que aquellos que realicen un aborto sin el consentimiento de la mujer podrían enfrentar penas de reclusión o prisión de tres a diez años, y si el hecho resulta en la muerte de la mujer, la pena podría aumentar hasta 15 años. En caso de que el aborto se realice con el consentimiento de la mujer, las penas serían menores, oscilando entre 1 y 4 años, y se elevarían a 6 años si el hecho resulta en la muerte de la mujer.
Además, se propone modificar el artículo 86 en relación con los especialistas a cargo de los abortos, eliminando la distinción entre abortos realizados antes y después de la semana 14, y se busca permitir al juez eximir a la mujer de la pena en función de diversos factores atenuantes. Otro punto de controversia se refiere a los abortos en casos de violación, donde se plantea eliminar la causal de no punibilidad y mantener el carácter delictivo de la conducta, aunque se permitiría al juez eximir a la mujer de la pena en función de circunstancias individuales.
En los fundamentos del proyecto se argumenta sobre el comienzo de la vida humana desde la concepción, destacando la evidencia científica de que desde el instante de la fecundación se forma un nuevo individuo con características propias, y se reafirma la condición de individuo del ser humano en desarrollo en el útero materno. Se hace hincapié en que el proceso de desarrollo humano es continuo desde la concepción hasta el nacimiento, respaldado por la ciencia y la técnica.
