En marzo de 2019, Sergio Luis Bustos fue condenado a seis años de prisión con otras doce personas que formaban una red de narcotráfico que comercializaba drogas en la provincia de San Juan, un polémico caso que incluyó a efectivos de la Gendarmería y la Policía provincial.
Cumplía su pena en el penal de Chimbas hasta que en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el 24 de abril recibió el beneficio de prisión domiciliaria con esa excusa por decisión de la Justicia Federal. Bustos, de 37 años, adujo un problema físico y fue considerado paciente de riesgo.
El fallo lo habilitó a volver a su casa de Villa San José, en el departamento Jáchal. Sin embargo, el lunes por la tarde el hombre fue sorprendido en la vía pública. Después de una alerta por parte de vecinos que lo reconocieron, efectivos de la Comisaría 21 local lo encontraron caminando por las calles de la localidad del norte sanjuanino.
Bustos fue detenido por infringir los artículos 98° (inobservancia de disposiciones legales) y 162° (normas sobre salud pública, sanidad e higiene) de la Ley 941-R del código faltas provincial. Personal de Gendarmería lo trasladó hacía el Servicio Penitenciario de Chimbas para que continúe cumpliendo su condena tras las rejas.
Tanto como Bustos, otros 17 presos de la cárcel de Chimbas fueron beneficiados con la prisión domiciliaria. En todos los casos fue bajo una disposición del Poder Judicial Federal y no del provincial.
Carlos Munisaga, secretario de Seguridad y Orden Público de San Juan, expresó su desacuerdo con ello. “Desde la administración del Servicio Penitenciario y el Poder Ejecutivo se ha hecho todo el trabajo e inversión para preservar la salud de los internos, incluso se han habilitado pabellones a estrenar destinados para cumplir con el distanciamiento y los protocolos de seguridad. Además en la provincia no hay circulación viral”, manifestó.
Bustos formaba parte de una organización narco integrada por trece personas, entre los que se encontraban el ex gendarme Milton Alexis Páez y el ex policía sanjuanino Pablo Gabriel Manrique Silva.
Según la investigación encabezada por el fiscal federal general Francisco Maldonado, la banda comercializó estupefacientes, en distintas oportunidades y con habitualidad, entre julio de 2015 y hasta mayo de 2016. La droga se adquirían en Bolivia y Páez se encargaba de enviarla desde la localidad salteña de Aguaray a la terminal de ómnibus de San Juan, donde la recibía Manrique Silva.
Los otros integrantes de la organización se ocupaban de la distribución. La mayor parte se comercializaba en la capital sanjuanina y el resto iba a parar a Jáchal. En este punto del circuito intervenían Bustos y su pareja, Gabriela Elizabeth Castro: ambos eran el nexo para ingresar la mercancía en el departamento Jáchal.
Tras un seguimiento que se extendió por varios días, el 18 de mayo de 2016 efectivos de la Gendarmería detuvieron a Manrique Silva, cuando se retiraba de la terminal con un paquete en cuyo interior había 15 cápsulas de cocaína, que arrojaron un pesaje total de 155,3 gramos.
Luego de ello, se sucedieron otros allanamientos. Uno fue a la casa de Bustos y su mujer. En el lugar se encontró un envoltorio con cocaína, 29 semillas de cannabis con poder germinativo, 11 cigarrillos de marihuana y un envoltorio con dicha sustancia, además de una balanza. En el procedimiento también se secuestraron cuatro teléfonos celulares y dinero.
Tras cinco meses de debate, el Tribunal Oral Federal de San Juan –integrado por los jueces Hugo Echegaray, Alberto Carelli y Raúl Fourcade– decidió condenar a Manrique Silva y Páez a 6 años y 6 meses de prisión.
Algo más leve fue la pena para Carlos Daniel Posse, Leandro Rafael Aguilar, José Danilo Argumosa, Alejandro Elías Levis, Darío Emiliano Lucero, Tamara Elizabeth Martínez y Washington David Vega (todos ellos recibieron 6 años de cárcel, al igual que Bustos), José Luis Vilte (4 años), Gabriela Castro (3 años) y Luis Damián Sierra (2 años). A todos, además, les impusieron multas de entre $.1000 y $5.000 pesos.
