Si estás por alquilar o vender una propiedad, las reglas del juego están a punto de cambiar por completo de la mano de un nuevo paquete de reformas estatales.
La iniciativa oficial busca transformar de raíz la actividad comercial de los bienes raíces, eliminando exigencias históricas para dar paso a un mercado completamente desregulado.
Un nuevo marco legal para el sector inmobiliario
El Poder Ejecutivo nacional confirmó que enviará un proyecto de ley al Congreso de la Nación con el claro objetivo de dictar la desregulación total del corretaje inmobiliario.
La medida central contempla que la actividad pase a ser considerada como un servicio de intermediación comercial común y corriente.
Esto significa, en la práctica, que el sector dejará de ser catalogado como una profesión liberal, abriendo la puerta a que cualquiera ejerza el rol de intermediario.
Fin de las matrículas y los aranceles mínimos
La reforma clave impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado apunta directamente contra la colegiación obligatoria de los martilleros.
De aprobarse la normativa, ya no se exigirá una matrícula profesional obligatoria ni poseer un título universitario específico para intervenir en operaciones de compra, venta o alquiler de inmuebles.
Asimismo, el proyecto estipula la eliminación definitiva de los aranceles mínimos fijos, permitiendo que las comisiones se pacten con total libertad entre las partes involucradas.
Plazos legislativos y el freno a las provincias
La intención del oficialismo es girar formalmente la iniciativa parlamentaria al Congreso de la Nación en un plazo máximo de dos semanas.
De manera simultánea, la Casa Rosada obligó a dar marcha atrás con proyectos similares de alcance provincial que se estaban discutiendo en algunas legislaturas bonaerenses de la mano del Frente Renovador.
La orden del Ejecutivo nacional fue contundente: frenar cualquier avance descoordinado en el interior hasta tanto la ley central sea debatida y aprobada en el recinto nacional.
Fuerte tensión con los colegios profesionales
La propuesta generó una alerta inmediata y un masivo rechazo por parte de los colegios de martilleros y corredores públicos de todo el territorio.
Desde las entidades tradicionales argumentan que disolver la colegiatura obligatoria atenta contra la seguridad jurídica de las operaciones y precariza la atención a los inquilinos y propietarios.
La discusión promete convertirse en uno de los focos de debate más calientes del parlamento, enfrentando la postura de libre mercado absoluto contra el control técnico profesional.
