La Asociación Rural de Chascomús asistió días pasados al Honorable Concejo Deliberante en oportunidad de realizarse la sesión ordinaria del cuerpo de ediles a fin de presenciar el tratamiento que se diera al proyecto de Ordenanza para la Regulación de aplicaciones de Fitosanitarios en el Partido de Chascomús.
Luego de que el Proyecto pasara nuevamente a comisión, autoridades de la Asociación junto a productores locales definieron reunirse puertas adentro de la institución para reafirmar la posición de la entidad y sus asociados frente a un nuevo escenario donde se debatirá una norma de sumo interés para el sector rural.
En primer lugar, ya ha sido expuesto que la Asociación Rural de Chascomús y sus adherentes apoyan la necesidad de legislar en el ámbito del Municipio el “Correcto uso de Fitosanitarios dentro de los sistemas de producción” de forma tal que se vea protegida la salud humana y el medio ambiente. Pero la entidad y los productores consideran que esa legislación debe enmarcarse dentro de las normas y recomendaciones de la Provincia de Bs. As. y la Nación.
El estudio que se ha realizado del tema concluye que una norma que contenga distancias que excedan la normativa provincial en tratamiento y su razonabilidad tendría graves perjuicios y consecuencias.
En el aspecto económico, el área afectada sería de 86.907 has, representando el 28% del partido, (fuente: INTA Ayacucho), con más de 650 millones de pesos de pérdida para la Producción y más de 1300 millones de pérdida para toda la cadena de valor de Chascomús (prestadores de Servicios, comercios, etc.). El Estado Municipal dejaría de percibir ingresos por impuestos.
En lo que refiere a lo patrimonial determinará una fuerte pérdida de valor de la tierra. En el aspecto social, significará una fuerte pérdida de fuentes de trabajo en el campo y la ciudad. Y una perdida total de competitividad de los productores y Chascomús como fuente de producción en relación a sus pares de la enorme mayoría de los partidos de la Provincia de Bs As, muchos de ellos más agrícolas. Y por último será origen de innumerables conflictos con el Municipio, en la medida que la falta de razonabilidad de la norma vulnere los derechos de los particulares.
