El fiscal federal Gerardo Pollicita determinó que no existen elementos para sostener el delito de enriquecimiento ilícito ni omisión maliciosa contra Manuel Adorni.
Sin embargo, el dictamen dispuso derivar la causa a la Justicia Penal Económica para investigar un presunto delito de evasión tributaria y ocultamiento de fondos a la ARCA.
La justificación del patrimonio: operaciones con Bitcoin entre 2014 y 2018
El fiscal dio por probada la explicación de la defensa sobre el origen de más de 500.000 dólares incorporados tardíamente a las declaraciones juradas.
Según los informes periciales de la Policía Federal y la verificación criptográfica, los fondos derivan de inversiones en Bitcoin realizadas con anterioridad a su ingreso a la función pública:
- Capacidad económica previa: la ANSES acreditó ingresos acumulados por 335.000 dólares hasta 2014 y 493.000 dólares hasta 2018, haciendo factible la inversión.
- Liquidación de activos: la defensa estimó un producido total de 591.544,61 dólares, suma suficiente para respaldar los 565.000 dólares exteriorizados en 2023.
- Justificación de gastos: la suma acreditada permitió explicar consumos familiares por 402.578,12 dólares, entre los que se destacan lotes, remodelaciones y viajes.
Por qué el fiscal descartó el sobreseimiento y pidió pase a Penal Económico
A pesar de desestimar el enriquecimiento ilícito, Pollicita remarcó que el funcionario no queda eximido de responsabilidad penal.
La hipótesis fiscal señala que la propia justificación de Adorni dejó al descubierto que los fondos permanecieron durante años por fuera del radar de ARCA.
En consecuencia, el fiscal solicitó remitir las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico por posible infracción al Régimen Penal Tributario.
Las 5 irregularidades patrimoniales bajo la lupa de la Justicia
El dictamen expuso duras críticas a la rectificación patrimonial presentada el 10 de junio de 2026, una vez iniciada la causa judicial:
- Bienes no declarados inicialmente: la omisión de 565.000 dólares en efectivo, criptoactivos y el lote 380 del Country Indio Cuá.
- Uso masivo de dinero en efectivo: el 92,9% de los gastos familiares (374.081,66 dólares) fue abonado de forma no bancarizada.
- Inconsistencias con plataformas: diferencias entre los valores declarados ante el fisco y los informes privados presentados ante la firma Binance.
- Falta de acreditación fiscal: omisión del tratamiento impositivo de las ganancias obtenidas por la venta de activos virtuales.
- Mutuos familiares sin respaldo: discrepancias en préstamos informados a nombre de Silvia Pais y Norma Zuccolo.
Investigación a desarrolladores inmobiliarios y actuación del Colegio de Escribanos
El dictamen judicial extendió la investigación hacia otros actores involucrados en las operaciones inmobiliarias de la familia.
Pollicita solicitó extraer testimonios para investigar a los desarrolladores Leandro Miano y Pablo Feijoo, y al contratista Matías Tabar por posibles maniobras fuera del control fiscal.
Asimismo, requirió remitir las actuaciones al Colegio Público de Escribanos de CABA a fin de evaluar la conducta de la escribana Adriana Mónica Nechevenko.
