El debate por la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas desató momentos de alta tensión en la Cámara de Diputados. Si te preguntás qué busca cambiar el Gobierno con esta iniciativa y por qué la oposición exige dividir el texto, en esta nota te contamos todos los detalles del plenario de comisiones.
El Gobierno rechazó dividir el texto y propuso una comisión bicameral
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, expuso el 7 de octubre de 2026 ante el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores.
Durante su intervención, la funcionaria ratificó que el Poder Ejecutivo no dividirá la iniciativa en varios proyectos, postura que rechaza enérgicamente la oposición.
Para buscar acuerdos y destrabar la negociación, la funcionaria anticipó que se podría incorporar al dictamen oficialista la creación de una comisión bicameral para supervisar el futuro Consejo de Seguridad Nacional.
Cruces opositores y las críticas a un “bodoque normativo”
Desde sectores opositores como Unión por la Patria y la Coalición Cívica tildaron al proyecto de ser una iniciativa “engañosa” y un “bodoque normativo”.
Los legisladores cuestionaron que de los 133 artículos que posee el proyecto, solo 40 están vinculados directamente con Malvinas, mientras que los 93 restantes modifican facultades en defensa y seguridad interior.
Por este motivo, las bancadas opositoras afirmaron que acompañarán exclusivamente el Título I relativo a Malvinas, exigiendo dictámenes separados para el resto del articulado.
La polémica por las penas de hasta 12 años de prisión por desinformación
Uno de los puntos que generó mayor resistencia en el plenario es la incorporación del artículo 225 bis al Código Penal.
Esta norma propone penalizar con hasta 12 años de prisión a quien, financiado por un actor extranjero, procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación.
Ante los duros cuestionamientos sobre el impacto en la libertad de expresión, la secretaria Legal y Técnica aclaró que la medida “no criminaliza el error periodístico” y prometió ajustes técnicos en la redacción.
Cuestionamientos por la venta de ciudadanía y las fechas clave en el recinto
Durante la jornada también se cuestionó el programa de Ciudadanía por Inversión del Ejecutivo, el cual contempla aportes de US$ 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de títulos públicos por US$ 800.000.
Los cruces verbales y exabruptos entre los bloques expusieron la falta de consensos para lograr un dictamen único de cara al corto plazo.
El Ejecutivo pretende llevar la iniciativa al recinto durante la semana del 21 de octubre de 2026, aunque la propia bancada oficialista reconoce que deberán realizar múltiples modificaciones para reunir las mayorías necesarias.
