La desregulación inmobiliaria se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda económica de junio, luego de que el Gobierno nacional avanzara con la preparación de un proyecto que busca modificar el funcionamiento del corretaje en Argentina. La iniciativa todavía no fue aprobada como ley, pero ya encendió una fuerte discusión entre el oficialismo, los colegios profesionales, las inmobiliarias tradicionales y las plataformas tecnológicas.
Desregulación inmobiliaria: qué quiere cambiar el Gobierno
El eje central del proyecto apunta a reducir barreras de entrada en la actividad inmobiliaria. Según trascendió en los últimos días, la propuesta incluiría cambios sobre la matrícula obligatoria, los honorarios regulados y el rol de los colegios de corredores y martilleros. Para el Gobierno, el objetivo es aumentar la competencia y bajar costos en operaciones de alquiler, compraventa e intermediación.
La discusión se da en un contexto más amplio de reformas impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que viene promoviendo la eliminación de normas consideradas obsoletas o restrictivas. En el caso inmobiliario, el debate es especialmente delicado porque involucra competencias provinciales, leyes locales y sistemas de matriculación que varían según cada jurisdicción.
Los puntos que más preocupan a los colegios inmobiliarios
Los colegios profesionales advierten que eliminar o flexibilizar la matrícula podría permitir que personas sin formación específica intermedien en operaciones de alto valor. El principal argumento del sector es que la compraventa de una propiedad requiere controles, responsabilidad profesional y respaldo legal, especialmente cuando hay reservas, boletos, escrituras, señas, deudas, sucesiones o documentación incompleta.
Entre los puntos que generan mayor tensión aparecen:
- La posible eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje inmobiliario.
- La revisión de los honorarios mínimos o comisiones sugeridas por colegios profesionales.
- La apertura a nuevos intermediarios, incluidas plataformas digitales y modelos proptech.
- La reducción del poder regulatorio de los colegios sobre el ejercicio profesional.
- La digitalización de trámites vinculados con operaciones inmobiliarias.
Qué puede pasar con alquileres y compraventas
Para los defensores de la reforma, una mayor competencia podría traducirse en comisiones más bajas, más oferta de servicios y operaciones más ágiles. También sostienen que la tecnología puede simplificar procesos, mejorar la publicación de inmuebles y permitir nuevas formas de contacto directo entre propietarios, compradores e inquilinos.
Sin embargo, los críticos señalan que el riesgo no está solo en el precio de la comisión, sino en la seguridad de la operación. En el mercado inmobiliario, un error documental o una intermediación deficiente puede derivar en conflictos legales, pérdida de dinero o fraudes. Por eso, el debate no se limita a si una operación será más barata, sino a quién responderá ante un problema.
| Punto en debate | Qué podría cambiar | Qué está en discusión |
| Matrícula | Podría dejar de ser obligatoria o flexibilizarse | Si mejora la competencia o reduce controles |
| Comisiones | Podrían tener menos regulación | Si bajan costos reales para usuarios |
| Colegios profesionales | Perderían poder regulatorio | Si corresponde limitar su intervención |
| Plataformas digitales | Tendrían más margen para operar | Cómo se protege al consumidor |
La Provincia de Buenos Aires, una pieza central del debate
En la Provincia de Buenos Aires, como en otras jurisdicciones, la actividad inmobiliaria está vinculada a normas provinciales y colegios profesionales con poder de control sobre la matrícula. Por eso, aun si el Gobierno nacional impulsa una reforma, el alcance concreto podría depender de cómo se articule con las leyes locales y de la respuesta política y judicial que pueda surgir.
Este punto es clave: la desregulación no necesariamente tendría aplicación automática en todo el país si toca competencias provinciales. En ese escenario, podría abrirse una discusión similar a la que ya ocurrió con otras reformas nacionales, donde algunas provincias acompañaron los cambios y otras mantuvieron sus propios esquemas regulatorios.
Qué deben mirar propietarios, inquilinos y compradores
Por ahora, la principal recomendación para quienes estén por alquilar, vender o comprar una propiedad es no dar por vigente una reforma que todavía está en etapa de proyecto. Las operaciones actuales siguen sujetas a la normativa vigente en cada distrito y a los requisitos legales habituales.
Antes de firmar una reserva, entregar dinero o avanzar con una operación, conviene verificar:
- Que la documentación del inmueble esté completa y coincida con los datos del titular.
- Que las condiciones de la operación queden por escrito, con montos, plazos y penalidades claras.
- Que quien intermedia pueda acreditar experiencia o respaldo profesional.
- Que no haya deudas, inhibiciones o conflictos sucesorios que compliquen la escritura.
La novedad de fondo es que el Gobierno busca acelerar una reforma que podría cambiar el negocio inmobiliario argentino. Pero hasta que el texto ingrese al Congreso, se debata y eventualmente se apruebe, la desregulación inmobiliaria sigue siendo una iniciativa en discusión, con impacto potencial alto y muchas preguntas abiertas para el sector.
