Un nuevo debate encendió el Congreso de la Nación tras la presentación de un proyecto de ley que propone suspender el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a los padres o tutores de adolescentes menores de 18 años que sean declarados penalmente responsables de un delito.
La iniciativa, impulsada en la Cámara de Diputados por el legislador entrerriano Francisco Morchio (La Libertad Avanza), busca modificar el Régimen de Asignaciones Familiares (Ley 24.714) para incorporar esta sanción económica a las familias de menores que delinquen, abriendo una fuerte discusión sobre el alcance de los planes sociales de ANSES y la responsabilidad parental en la Argentina.
Cuándo se quitaría la ayuda social y a quiénes afectaría
El proyecto de ley establece condiciones muy específicas para que la Administración Nacional de la Seguridad Social proceda a dar de baja la prestación de manera temporal. La quita del beneficio no se aplicaría de forma inmediata tras una detención, sino bajo parámetros judiciales estrictos:
- Sentencia firme: La quita de la asignación solo se hará efectiva cuando exista un fallo condenatorio dictado por la Justicia que haya agotado todas las instancias de apelación.
- Pena de prisión efectiva: La medida rige únicamente si el adolescente recibe una condena de cumplimiento dentro de un establecimiento carcelario o centro de detención juvenil institucionalizado.
- Suspensión al adulto responsable: El beneficio que se corta es el que perciben los progenitores o tutores legales con motivo de ese menor en particular.
De acuerdo con los fundamentos presentados en el Congreso, el argumento central radica en que, mientras el menor cumpla una condena privativa de la libertad, el Estado Nacional se hace cargo por completo de su manutención, alojamiento, salud y alimentación a través de las instituciones correspondientes. Por lo tanto, el texto sostiene que resulta innecesario que los adultos sigan cobrando el subsidio estatal durante ese período.
El impacto económico actual de la asignación de ANSES
La AUH representa un pilar de ingresos clave para los sectores más vulnerables del país. La quita del beneficio impactaría directamente en el bolsillo familiar, considerando los valores actuales de las prestaciones que liquida el organismo previsional.
En la actualidad, el monto base de la AUH ronda entre los $110.000 y los $142.000 para aquellos beneficiarios que residen en las provincias de la zona austral del país. El proyecto estipula que, de avanzar la ley, estos fondos dejarían de transferirse a las cuentas de los padres cuyos hijos encuadren en los criterios de criminalidad señalados.
En sintonía con el nuevo Régimen Penal Juvenil
Esta propuesta legislativa aparece en un contexto de reformas profundas en materia de seguridad y minoridad. La iniciativa se apoya en la reciente tracción del nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual introdujo debates clave sobre la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años para delitos graves, permitiendo penas máximas de hasta 15 años de prisión y prohibiendo la reclusión perpetua en menores.
El proyecto de Morchio intenta vincular de manera directa la política de asistencia social con la conducta ciudadana, bajo la premisa de que los planes del Estado no deben financiar de forma indirecta a núcleos familiares donde los menores se apartan de la ley vigente.
