El esquema de subsidios a las tarifas de gas en Argentina enfrenta una transformación profunda. La Cámara de Diputados debate un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca readecuar de manera integral el régimen de Zona Fría. El propósito central de la iniciativa oficialista es reducir el gasto público, ordenar las cuentas del sector energético y focalizar la asistencia estatal exclusivamente en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y climática.
Qué es el régimen de Zona Fría y cómo funciona hoy
El beneficio de Zona Fría nació originalmente en el año 2002 mediante la Ley 25.565 para compensar los elevados costos de calefacción en las regiones con temperaturas invernales extremas. En sus inicios, abarcaba de forma exclusiva a la Región Patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna.
Sin embargo, en 2021 se sancionó la Ley 27.637, que expandió considerablemente el mapa del beneficio. Con esta ampliación, se incorporaron localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Catamarca, Córdoba, Santa Fe y más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esta normativa estipula rebajas de entre el 30% y el 50% en la facturación total del servicio de gas para los usuarios residenciales de estas áreas, sin distinción de su nivel patrimonial.
Este sistema no se financia de manera directa con recursos del Tesoro Nacional, sino a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Dicho fondo se sustenta mediante un recargo específico en la factura de gas que abonan todos los usuarios del país, independientemente de la región en la que habiten o de su nivel de ingresos.
Cuáles son los cambios que impulsa el Gobierno
La propuesta legislativa del oficialismo argumenta que la extensión territorial implementada en 2021 desnaturalizó el sentido del subsidio, convirtiéndolo en una asistencia masiva que beneficia a sectores de altos ingresos en zonas climáticas templadas. Con la nueva estructura, el Ejecutivo proyecta generar un ahorro fiscal estimado entre los $200.000 millones y los $480.000 millones.
Los ejes centrales del proyecto de ley introducen las siguientes modificaciones:
- Reducción del beneficio geográfico automático: El descuento general por código postal o residencia se retrotrae al esquema histórico. Únicamente los habitantes de la Patagonia, Malargüe y la Puna conservarán el beneficio por el solo hecho de residir en el lugar.
- Vinculación al padrón de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF): En las zonas que dejan de tener el beneficio general (como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe), los usuarios residenciales perderán el subsidio automático. A partir de la sanción de la ley, los descuentos se aplicarán exclusivamente a quienes cumplan con criterios socioeconómicos específicos y estén registrados en el SEF.
- Subsidio por consumo y no por factura total: El nuevo esquema modificará la base del cálculo. Ya no se subsidiará la totalidad de la boleta (que incluye cargos fijos e impuestos), sino que el beneficio se aplicará estrictamente sobre los metros cúbicos de gas consumidos.
- Inclusión de garrafas y cilindros: Como contrapartida al recorte en redes urbanas templadas, el proyecto incorpora formalmente al beneficio de Zona Fría a los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna que consumen gas licuado de petróleo (GLP) mediante garrafas, cilindros o gas propano a granel, atendiendo a quienes no poseen acceso a la red de gas natural.
- Cambios en la cadena de pago: La compensación económica del Fondo Fiduciario se pagará directamente a los proveedores de gas, eliminando a las empresas distribuidoras y subdistribuidoras de la intermediación de cobros para evitar desajustes financieros en el sistema.
Quiénes mantendrán los descuentos en las boletas de gas
De acuerdo con las especificaciones brindadas por la Secretaría de Energía, se estima que alrededor de 1.600.000 usuarios perderán por completo el subsidio por no habitar en zonas de frío extremo ni registrar indicadores de vulnerabilidad.
Por otro lado, cerca de 1.800.000 usuarios continuarán resguardados por la asistencia estatal. Quienes cumplan con los requisitos del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) accederán a un descuento superior al 75% sobre el consumo de gas durante los meses de invierno. Los grupos que conservarán la ayuda económica son:
- Hogares cuyos ingresos netos totales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) determinadas por el INDEC para una familia tipo (un parámetro que actualmente ronda los $4.3 millones a $4.4 millones).
- Hogares que cuenten entre sus integrantes con una persona que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Para este universo, la Secretaría de Energía realizará auditorías periódicas con el fin de evaluar el impacto real en la economía del hogar.
- Titulares de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Familias que se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y dispongan del Certificado de Vivienda Familiar.
Qué pasará con el trámite y el control socioeconómico
Para quienes residen en las provincias y localidades que pierden la cobertura general, el cruce de datos será determinante. La Secretaría de Energía y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) serán las encargadas de procesar la información de los usuarios. Aquellas personas que consideren que necesitan el subsidio y cumplan con las condiciones socioeconómicas, deberán asegurarse de mantener actualizados sus datos personales y del grupo familiar en los registros del Estado para ser considerados dentro del padrón del SEF y no perder el beneficio en sus próximas boletas de invierno.
