El escenario político argentino atraviesa un giro determinante. El presidente Javier Milei confirmó el envío de un ambicioso proyecto de reforma electoral al Congreso de la Nación que busca redefinir las reglas del juego democrático. Bajo la premisa de reducir el gasto público y combatir la corrupción, la iniciativa apunta a tres pilares fundamentales: la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la implementación de la Ley de Ficha Limpia y cambios profundos en el financiamiento de los partidos políticos.
El fin de las PASO y el ahorro fiscal
La eliminación de las PASO es el eje central de la propuesta enviada. Según los argumentos del Ejecutivo, estas instancias han funcionado históricamente como una encuesta sumamente costosa que no cumple su función original de dirimir internas partidarias. En términos económicos, el Gobierno estima que la supresión de estas elecciones generará un ahorro de miles de millones de dólares que actualmente se destinan a la impresión de boletas, logística del Correo Argentino y viáticos de autoridades de mesa.
El objetivo es que cada partido político resuelva sus candidaturas de forma interna, sin obligar a la ciudadanía a participar en procesos que, en muchos casos, presentan listas únicas. Esto simplificaría el calendario electoral, evitando que los argentinos deban concurrir a las urnas hasta tres o cuatro veces en un mismo año.
Ficha Limpia: Restricciones para candidatos con condenas
Otro punto de alto impacto es el proyecto de Ficha Limpia. Esta medida busca prohibir que personas con condenas judiciales por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos públicos nacionales. Aunque el debate ha generado tensiones con sectores de la oposición que denuncian posibles intentos de proscripción, el oficialismo sostiene que es una herramienta esencial para elevar la vara ética en la administración pública.
La implementación de Ficha Limpia requerirá una articulación precisa con el Poder Judicial, ya que el proyecto propone que la inhabilitación se aplique incluso si la condena no tiene sentencia firme, siempre que exista una confirmación de segunda instancia.
Financiamiento de partidos y nuevos requisitos
La reforma también introduce modificaciones estructurales en la Ley Orgánica de Partidos Políticos para terminar con los denominados “sellos de goma”. Entre los cambios más destacados se encuentran:
- Aumento del piso de afiliados: Las agrupaciones deberán contar con un 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral para mantener su personería.
- Resultados electorales: Se exigirá un piso mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas para que el partido no caduque.
- Financiamiento privado: El proyecto busca liberar los topes de aportes privados y reducir el financiamiento público directo, bajo la lógica de que la política no debe ser sostenida por el bolsillo del contribuyente.
- Digitalización: Se propone una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones de identidad de manera más transparente.
El desafío legislativo y la Boleta Única de Papel
A pesar del impulso presidencial, el camino en el Congreso no será sencillo. Al tratarse de una reforma electoral, se requiere una mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras (129 diputados y 37 senadores), por lo que el Gobierno deberá negociar con bloques aliados como el PRO y sectores del radicalismo.
En paralelo, se busca consolidar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), incorporando incluso el casillero de “lista completa” para agilizar el proceso de votación. Si el proyecto logra consenso en el segundo semestre de 2026, las próximas elecciones legislativas de 2027 se regirán bajo este nuevo paradigma, marcando un antes y un después en la historia electoral de Argentina.
