El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindará este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense luego del reciente fallo favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF. El mandatario buscará fijar una postura política en esta nueva etapa del litigio y defender la nacionalización de la compañía como una decisión estratégica para el desarrollo económico del país.
Durante su exposición, Kicillof volverá a respaldar el proceso impulsado en 2012, cuando se desempeñaba como ministro de Economía bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, tuvo un rol central en la recuperación del 51% de las acciones de la petrolera, una medida que derivó en un prolongado conflicto judicial internacional con el fondo Burford Capital.
Desde el entorno del gobernador adelantaron que insistirá con uno de sus argumentos más reiterados: la importancia de la intervención estatal en sectores estratégicos. “La derecha nunca la habría nacionalizado”, sostienen cerca del mandatario, en una definición que apunta a reforzar el encuadre político del fallo y reivindicar la decisión tomada hace más de una década.
Kicillof también destacará el rol de YPF en la expansión de Vaca Muerta y su impacto en la generación de divisas, al tiempo que buscará desestimar las críticas sobre la legalidad del proceso de expropiación. En esa línea, interpretó que el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York deja en evidencia “años de mentiras” respecto a la supuesta irregularidad de la medida, subrayando que se llevó adelante con aval del Congreso nacional.
La conferencia tendrá además un fuerte tono político frente a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien celebró la resolución judicial como un logro de su gestión. Desde la administración bonaerense buscarán relativizar esa interpretación y poner el foco en que la decisión judicial validó el mecanismo legislativo utilizado en 2012.
Cabe recordar que el fallo del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la condena contra la Argentina por más de 16.100 millones de dólares, marcando un punto de inflexión en uno de los litigios internacionales más relevantes de los últimos años. Sin embargo, el proceso judicial aún no está cerrado y podría continuar con nuevas instancias de revisión dentro del sistema judicial estadounidense, e incluso abrir un frente paralelo en el ámbito del arbitraje internacional.
