La ambiciosa reforma electoral que el oficialismo envió al Congreso de la Nación entró en una etapa de parálisis legislativa definitiva. Tras el ingreso del proyecto de ley compuesto por 78 artículos a las comisiones del Senado, los operadores políticos de la Casa Rosada se toparon con un escenario matemático adverso: no cuentan con los votos necesarios para aprobar la iniciativa tal como fue redactada originalmente.
Al tratarse de una modificación del régimen político y electoral, la normativa exige de manera obligatoria una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de las cámaras, lo que equivale a un piso de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados. Ante el rechazo en bloque del peronismo y las fuertes dudas de las bancadas dialoguistas, el Ejecutivo comenzó a diseñar alternativas de emergencia para intentar salvar los puntos centrales del texto.
Cuáles son los puntos de la reforma que traban el acuerdo en el Congreso
El principal escollo en las negociaciones radica en la eliminación total de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Gobierno argumenta que el sistema actual insume un gasto público millonario innecesario, pero tanto los gobernadores provinciales como las fuerzas de la oposición intermedia defienden las primarias como una herramienta clave para dirimir sus propias internas, por lo que cerraron filas para bloquear ese artículo.
Además de las PASO, existen otros dos ejes que tensan el debate en las comisiones y carecen de consenso:
- El fin del financiamiento público de las campañas: La propuesta busca eliminar por completo los aportes del Estado para la impresión de boletas y el proselitismo, habilitando de forma irrestricta los fondos de empresas privadas. Los partidos con menor estructura territorial denuncian que esto destruirá la competencia electoral.
- La redacción de Ficha Limpia: El texto busca prohibir por ley que los ciudadanos con condenas ratificadas por delitos dolosos o corrupción puedan postularse a cargos públicos nacionales, pero algunos sectores de la oposición cuestionan el alcance técnico de la redacción enviada por el Ejecutivo.
Las tres alternativas que evalúa el Gobierno para destrabar la ley
Ante la falta de números para un avance lineal, la mesa política del oficialismo evalúa sacrificar la rigidez original del proyecto y optar por un pragmatismo parlamentario que evite una dura derrota legislativa.
La primera alternativa sobre la mesa es aceptar que las PASO no se eliminen, sino que dejen de ser obligatorias para los ciudadanos. Bajo esta modalidad, los partidos seguirían utilizando el sistema de votación para definir sus listas, pero solo concurrirían a las urnas los afiliados o los votantes que lo deseen de forma voluntaria, reduciendo el costo organizativo para el Estado.
La segunda opción consiste en desglosar el megaproyecto en leyes individuales. De esta forma, el Gobierno postergaría la discusión de las PASO y avanzaría de manera inmediata con los dictámenes de los proyectos que sí reúnen consenso mayoritario, como los cambios técnicos sobre la Boleta Única de Papel, la suspensión de las elecciones del Parlasur y la implementación de Ficha Limpia.
Por último, los equipos técnicos evalúan ceder en el apartado del financiamiento, reincorporando un piso mínimo de fondos estatales para las boletas a cambio de que la oposición apruebe las nuevas exigencias de afiliación y caducidad para los partidos políticos.
El factor tiempo y los plazos límite del calendario electoral
El apuro de las autoridades ministeriales y de los apoderados partidarios responde a los plazos legales del cronograma político. La reforma estipula que los partidos políticos cuentan con un límite máximo fijado hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse a las nuevas exigencias de personería jurídica y caudal mínimo de afiliados.
Cualquier demora excesiva en el tratamiento legislativo acortará las ventanas de tiempo operativas para que la justicia electoral implemente los cambios de padrón y fiscalización de cara a los próximos turnos de votación. Las próximas semanas en el Senado serán determinantes para saber si el oficialismo logra flexibilizar su estrategia o si el proyecto ingresa de manera definitiva en el archivo del Congreso.
