El Poder Ejecutivo Nacional formalizó el envío de un paquete de leyes al Congreso de la Nación que busca transformar áreas críticas de la asistencia social y la salud pública. Las iniciativas proponen cambios estructurales en la Ley de Salud Mental y la creación de un marco normativo estricto para combatir el fraude en las Pensiones No Contributivas por Invalidez. Estas medidas forman parte del plan de reordenamiento administrativo y fiscal que el Gobierno impulsa para garantizar que los recursos estatales lleguen de manera eficiente a quienes realmente los necesitan.
Cambios en la Ley de Salud Mental mayor agilidad en las internaciones
La reforma propuesta por el Gobierno busca corregir aspectos de la actual Ley 26.657 que, según el diagnóstico oficial, dificultan la atención oportuna de pacientes en crisis. El eje central es facilitar los procesos de internación involuntaria cuando exista un riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros, eliminando la exigencia de una orden judicial previa en situaciones de emergencia médica constatada por profesionales.
El proyecto también promueve la especialización de las instituciones y permite que las familias tengan una participación más activa y vinculante en las decisiones sobre el tratamiento de sus familiares. Se busca pasar de un sistema puramente desmanicomializador a uno que garantice la existencia de centros de atención preparados con infraestructura moderna, asegurando que los hospitales generales cuenten con áreas específicas para psiquiatría y salud mental con los estándares de seguridad necesarios.
Guerra contra el fraude en Pensiones por Invalidez auditorías y nuevos controles
En paralelo, el Ejecutivo impulsa una ley para sanear el sistema de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Tras detectar que el padrón de beneficiarios creció de manera exponencial en las últimas décadas sin una correlación con indicadores sanitarios reales, el Gobierno busca facultar a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para realizar una revisión integral y obligatoria de todos los beneficios otorgados.
La normativa establece que, para mantener el cobro, los titulares deberán someterse a nuevas pericias médicas digitales y presentar una actualización de su situación patrimonial. Se estima que el ahorro proyectado por la detección de pensiones otorgadas de forma irregular superaría los $1.500 millones mensuales. El texto aclara que estas auditorías no afectarán a las personas que padecen una discapacidad real y comprobable, sino que persiguen a los gestores y funcionarios que facilitaron el otorgamiento de beneficios a cambio de favores políticos o económicos.
Transparencia y digitalización del Certificado Médico Oficial
Un punto clave del proyecto contra el fraude es la implementación obligatoria del Certificado Médico Oficial (CMO) en formato digital y con firma certificada por autoridades sanitarias nacionales. Este nuevo sistema busca eliminar la falsificación de documentos y centralizar la información en una base de datos única que cruce información con ARCA y el Registro Nacional de las Personas.
Con esta digitalización, el Estado podrá verificar en tiempo real si un beneficiario posee bienes de lujo, embarcaciones o vehículos de alta gama que resulten incompatibles con el carácter de vulnerabilidad social que requiere la pensión. Actualmente, el monto de una Pensión No Contributiva por Invalidez se sitúa en torno a los $120.000, y el objetivo es que ese recurso se fortalezca a futuro mediante la eliminación de los beneficiarios fraudulentos del sistema previsional.
El camino parlamentario y el debate por los derechos sociales
Ambos proyectos deberán ser tratados en las comisiones de Salud y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. El oficialismo busca obtener el consenso de los bloques dialoguistas argumentando que no se trata de un ajuste, sino de una política de transparencia y eficiencia. Para las familias con pacientes de salud mental y para los ciudadanos con discapacidad real, estas leyes prometen un sistema más ágil, menos burocrático y, sobre todo, más justo en la distribución de la ayuda estatal durante 2026.
