La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires ha presentado un reclamo al Gobierno provincial para que exija a los municipios que permitan otorgar o renovar la licencia de conducir a aquellas personas que tengan multas por infracciones de tránsito, siempre y cuando las sanciones no cuenten con sentencia firme de un juzgado competente.
Según explicaron desde el organismo, esta solicitud surge a raíz de los reclamos recibidos y de una serie de fallos judiciales que consideran inconstitucional exigir un certificado de libre deuda por infracciones impagas para renovar la licencia de conducir.
El pedido de la Defensoría, liderada por Guido Lorenzino, se dirige a la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial provincial. Lorenzino sostiene que el Estado debe garantizar el derecho a la circulación y que las deudas derivadas de infracciones, especialmente aquellas sin sentencia firme, no deben ser motivo para impedir la emisión de la licencia, ya que no guardan relación con las aptitudes del conductor.
La Defensoría argumenta que el simple hecho de tener pendiente el pago de una infracción no está vinculado con promover la seguridad vial, ya que no se ve cómo el pago de la deuda de una infracción de tránsito garantizaría la seguridad.
Este reclamo de la Defensoría del Pueblo pone sobre la mesa la discusión sobre las multas de tránsito y su relación con la emisión o renovación de licencias de conducir, generando un debate en torno a los derechos de los conductores y la seguridad vial.
