La tensión social en Argentina alcanza un nuevo punto crítico este lunes 23 de febrero de 2026. Tras la reciente aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ha confirmado una medida de fuerza de 36 horas que busca paralizar la administración pública y sectores estratégicos. La protesta está estratégicamente programada para coincidir con el tratamiento del proyecto en el Senado, previsto para este viernes 27 de febrero.
Esta decisión marca una ruptura en la estrategia sindical, ya que los sectores denominados “combativos” han decidido profundizar el plan de lucha ante lo que consideran una “amenaza directa a los derechos históricos de los trabajadores”.
Cuándo empieza y cómo será la modalidad del paro
El paro nacional comenzará el mediodía del jueves 26 de febrero y se extenderá durante todo el viernes 27 de febrero, completando así el esquema de 36 horas. La modalidad incluye:
- Primeras 12 horas (Jueves 26): Cese de actividades a partir del mediodía y movilización masiva hacia el Congreso de la Nación y las principales plazas del país.
- Siguientes 24 horas (Viernes 27): Paro total de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo, coincidiendo con la sesión en la Cámara Alta.
Los gremios confirmados: quiénes se suman a la medida
La convocatoria es liderada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), pero ha logrado aglutinar a un arco diverso de sindicatos que ejercen presión sobre la conducción nacional de la CGT para que se pliegue de forma masiva. Los sectores que ya confirmaron su adhesión son:
- Estatales (ATE): El gremio más activo en esta convocatoria. Afectará la atención en organismos nacionales (ANSES, PAMI, ministerios) y administraciones provinciales donde el sindicato tiene fuerte presencia.
- Docentes (CTERA y gremios universitarios): En el marco de un inicio de ciclo lectivo 2026 ya conflictivo por las paritarias, los docentes se sumarán a la jornada de protesta, lo que pone en riesgo el normal dictado de clases en varias jurisdicciones.
- Industriales y Servicios: Se espera la adhesión de sectores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros y gremios aeronáuticos, quienes denuncian que la reforma facilita el despido arbitrario y la precarización.
- Salud Pública: Los profesionales nucleados en Fesprosa garantizarán solo guardias mínimas y atención de urgencias durante las 36 horas que dure la medida.
El eje del conflicto: qué dice la reforma laboral
El malestar gremial se centra en varios puntos del proyecto de ley que el oficialismo busca convertir en ley antes del 1 de marzo. Los puntos de mayor fricción son:
- Fondo de Cese Laboral: La posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un sistema de capitalización, similar al régimen de la construcción.
- Extensión del período de prueba: El proyecto propone ampliar el tiempo en que un trabajador puede ser despedido sin indemnización, llevándolo en algunos casos hasta los 8 meses o un año para PyMEs.
- Multas por falta de registro: La eliminación de las sanciones económicas para empleadores que no tengan a sus trabajadores en blanco, algo que los sindicatos ven como un incentivo al empleo informal.
- Licencias médicas: Cambios en la forma de justificar y percibir haberes durante licencias por enfermedad, un artículo que fue modificado en Diputados pero que sigue sin convencer a la dirigencia obrera.
La advertencia del Gobierno ante el paro
Desde el Poder Ejecutivo, la respuesta ha sido tajante. El Ministerio de Seguridad ya adelantó la aplicación del protocolo de orden público para evitar cortes de calles durante la movilización del jueves. Por su parte, el área de Capital Humano advirtió que “día no trabajado, día que se descuenta“, una medida que busca desalentar la participación en los organismos del Estado.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue contundente al respecto: “El viernes quieren hacer del Senado una escribanía y lo tenemos que impedir. Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale al no ofrecer paritarias reales y empujar una ley que nos conduce a una catástrofe social”.
Impacto esperado en los servicios
Para el viernes 27 de febrero, se espera que el impacto sea sensible en el transporte (si bien la UTA suele definir su postura a último momento, sectores ferroviarios ya mostraron afinidad con el reclamo), la actividad bancaria y el comercio en las grandes ciudades. Los usuarios deben prever demoras en trámites públicos y posibles complicaciones en los traslados hacia el centro porteño debido a las columnas que marcharán hacia la Plaza de los Dos Congresos.
