En un contexto marcado por la crisis económica, el Senado de la Nación ha aprobado un nuevo aumento salarial para los senadores, que se verá reflejado en sus haberes a partir de noviembre. A partir de ese mes, cada legislador empezará a percibir más de $10,2 millones brutos, cifra que ha generado controversia y reavivado el debate sobre los ingresos de los representantes políticos frente a la situación del país.
Detalles del nuevo esquema salarial para senadores
El incremento se basa en un sistema de “enganche” salarial, implementado en abril de 2025, que vincula los salarios de los senadores con los aumentos acordados para los trabajadores del Congreso. Este esquema establece que los senadores recibirán 4.000 módulos: 2.500 por dieta, 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, este último no aplicable a cuatro legisladores.
Con la reciente paritaria que incluye aumentos del 1,3% en junio, julio y agosto, más un bono de $25.000, y un 1,2% en septiembre, octubre y noviembre junto a un bono de $20.000, el valor del módulo se ajustó a $2.554, resultando en una dieta mensual de $10,2 millones brutos, antes de impuestos y descuentos.
Reacciones y posturas entre los legisladores
La decisión ha suscitado indignación, especialmente tras un aumento previo que elevó los salarios a $9,5 millones. Varios bloques de la oposición, como La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, manifestaron su intención de renunciar al aumento. Por otro lado, gran parte del bloque oficialista, con excepciones notables, como Fernando Rejal y Alicia Kirchner, aceptó el incremento.
La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, intentó distanciarse del conflicto al permitir que cada senador decidiera individualmente sobre la aceptación del aumento. Sin embargo, la falta de consenso para reinstaurar un congelamiento de las dietas dejó la cuestión a la libre elección de los legisladores.
Diferencias salariales en el contexto del ajuste económico
El nuevo salario de los senadores, que asciende a $10,2 millones, contrasta notablemente con los $653.000 que recibe un trabajador legislativo de menor categoría, lo que ha intensificado las críticas en un entorno de recortes y ajustes económicos. Este aumento supera incluso las paritarias de gremios importantes como el de camioneros o metalúrgicos, alimentando las denuncias sobre los privilegios de la “casta política”.
