Una serie de categóricas declaraciones desde Chile y el Reino Unido encendieron las alarmas diplomáticas en Argentina y reabrieron el debate por el futuro del Atlántico Sur.
Chile y el aval a una ruta comercial con las islas
El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, respaldó el desarrollo de un corredor marítimo y comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
El funcionario trasandino calificó al Reino Unido como un “país amigo” y sostuvo que existe una “situación de hecho” donde los británicos ejercen soberanía desde hace 200 años, supeditando cualquier solución al respeto del “interés de los habitantes” de las islas.
Tensión con la postura histórica del Mercosur
Estas declaraciones de la gestión de Antonio Kast abren un fuerte interrogante sobre la línea diplomática regional. En junio de 2026, durante la cumbre en Asunción, Chile había vuelto a suscribir la declaración del Mercosur que reconoce los “legítimos derechos” argentinos y rechaza las acciones unilaterales de explotación de recursos.
Asimismo, el proyecto de una ruta hacia Puerto Stanley impulsado por autoridades locales como el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, entra en tensión directa con la postura de las Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.
Gran Bretaña endurece su discurso militar
Por su parte, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, advirtió durante una entrevista en la cadena The Sun que la Argentina “no tiene la capacidad de tomar las islas”, remarcando que el Reino Unido cuenta con los recursos necesarios para defenderlas.
El funcionario del gobierno británico respondió de este modo ante los anuncios del presidente Javier Milei sobre mayores sanciones contra empresas petroleras que operen sin autorización en el archipiélago.
El reclamo argentino ante la ONU y la postura de Milei
Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU y posteriormente en Nueva York, Javier Milei exigió la reanudación de las negociaciones bilaterales por la soberanía.
El mandatario remarcó que los habitantes del archipiélago serían tratados “con dignidad y justicia”, explicando que la población original fue desplazada en 1833 por Gran Bretaña y reafirmando el derecho argentino sobre el territorio por geografía, historia y derecho.
