El Gobierno de Alberto Fernández estudia cambios en la política migratoria y analiza derogar el decreto 70 de necesidad y urgencia que en 2017 firmó el ex presidente Mauricio Macri para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros que cometen delitos en el país.
La iniciativa se da en el marco de la revisión que realizan las nuevas autoridades sobre las principales medidas adoptadas por el macrismo. Y es un reclamo concreto que, tras el recambio presidencial, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron a la Casa Rosada.
Acercaron al Gobierno un documento con duros cuestionamientos al decreto de la anterior administración, al que pidieron desechar en forma “urgente” para “preservar los derechos de las personas migrantes”. El gobierno se comprometió a analizarlo.
El tema está en manos del Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” de Pedro.
La población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total. En relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros
Entre el 2016 y el 2019 hubo 3.000 extranjeros deportados de la Argentina, el doble que durante el último mandato de Cristina Kirchner.
