En medio de un escenario político y social donde la educación vuelve a ocupar un lugar central, el gobierno nacional presentó un proyecto que busca reformular por completo la estructura de la educación inicial, primaria y secundaria en Argentina. La iniciativa, planteada como una Ley de Libertad Educativa, reemplazaría a la Ley de Educación Nacional vigente desde hace casi dos décadas, abriendo un debate profundo en la comunidad educativa, especialistas y organizaciones gremiales.
Los principales cambios que propone la ley de Libertad Educativa
El proyecto introduce modificaciones estructurales que impactan en el rol del Estado, la organización escolar y los contenidos educativos. Entre los ejes más destacados se encuentran:
- Eliminación del piso del 6% del PBI destinado a Educación.
- Habilitación de la enseñanza en el hogar (homeschooling) como alternativa al sistema escolar.
- Autonomía total de cada institución para crear su propio plan de estudios.
- Reducción de las horas mínimas anuales obligatorias.
Especialistas advierten que estos puntos reconfiguran la relación entre lo público, lo privado y el Estado, y podrían modificar el acceso y la igualdad educativa en todo el país.
Críticas de especialistas y gremios ante un posible retroceso
La propuesta recibió un inmediato rechazo por parte de miembros de la comunidad educativa. CTERA manifestó que el proyecto implica “la privatización y destrucción de la Educación Pública”, mientras que directores de carreras universitarias exigieron cumplir la ley vigente.
Guillermo Ruiz, investigador del Conicet, señala que “es una ley muy regresiva que no respeta la Constitución Nacional”, y sostiene que la apelación a la libertad de enseñar y aprender funciona como argumento para una desregulación plena. Según explica:
- Cada escuela podría tener su propio plan de estudios.
- Se habilitaría la contratación y expulsión de docentes sin criterios unificados.
- Se debilitaría el marco común que hoy garantiza contenidos mínimos a nivel país.
Por su parte, Roberto Abdala, director de la licenciatura en Educación de la UNQ, advierte que el proyecto no busca reducir desigualdades educativas y que podría ampliarlas, especialmente si la educación queda atada a lógicas empresariales o de mercado.
El rol del Estado y la redefinición entre lo público y lo privado
Uno de los puntos más discutidos es el cambio en la función estatal. Mientras la Ley de Educación Nacional establece que el Estado tiene un rol “principal e indelegable”, el nuevo proyecto plantea que el Estado solo interviene de manera complementaria, apoyando a las instituciones cuando estas no puedan garantizar por sí mismas el derecho a la educación.
Este cambio conceptual impulsa:
- La equiparación entre gestión pública y privada.
- Una mayor apertura a la financiación vía demanda, es decir, a través de subsidios a estudiantes o instituciones privadas.
- La delegación de responsabilidades educativas hacia familias y organizaciones civiles.
Especialistas remarcan que incluso el texto del proyecto evita usar la palabra pública, lo que para ellos evidencia un cambio profundo en el modelo educativo.
Autonomía escolar, competencia y desigualdad
Actualmente, las provincias establecen los diseños curriculares y los contenidos prioritarios de cada área, garantizando aprendizajes comunes para todo el país. El proyecto del Ejecutivo propone que cada escuela diseñe su propio currículum, lo que abriría paso a un sistema donde las instituciones compiten entre sí.
Ruiz advierte que esto convertiría a las escuelas en una “mercancía educativa”, donde cada una intenta destacarse para atraer a estudiantes y docentes. Esto podría afectar a las instituciones más vulnerables, que suelen enfrentar problemas edilicios o demandas sociales como comedores escolares.
Cambios clave en la organización escolar
- Contenidos propios por institución.
- Educación híbrida y a distancia como opción permanente.
- Posibilidad de que estudiantes abandonen la escolaridad presencial para ser educados en el hogar.
- Mayor intervención de familias en decisiones antes reservadas a autoridades educativas.
Sobre el homeschooling, Abdala recuerda que, aunque existen sectores que impulsan esta modalidad, en países donde está permitido representa entre 3% y 7% de la matrícula total, por lo que su impacto estructural suele ser limitado.
Reducción de horas escolares y antecedentes internacionales
Otro de los puntos que genera preocupación es la disminución de las horas mínimas obligatorias. Según el proyecto:
| Nivel educativo | Horas actuales (Consejo Federal) | Propuesta de la nueva ley | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Inicial | 570 horas | 540 horas | –30 horas |
| Primaria | 760 horas | 720 horas | –40 horas |
| Secundaria | 900 horas | 720 horas | –180 horas |
Especialistas recuerdan que propuestas similares fueron implementadas en países como Gran Bretaña, donde el resultado fue un aumento de la desigualdad educativa, especialmente entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos.
