El Congreso analiza si bajará la edad de imputabilidad ¿Cuándo?

El Gobierno de Javier Milei avanza en la agenda legislativa con la inclusión de un proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años. La confirmación de esta iniciativa se produjo tras una reunión en Casa Rosada, donde participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El tratamiento del proyecto está previsto en el Congreso entre el 2 y el 27 de febrero, coincidiendo con otras reformas que el oficialismo impulsa en este período extraordinario.

Manuel Adorni comunicó la novedad a través de sus redes sociales, afirmando: «La Ley Penal Juvenil también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias».

Baja de la edad de imputabilidad en el centro de la discusión

En la actualidad, la edad de imputabilidad en Argentina está establecida en 16 años, según las leyes 22.278 y 22.803. La nueva propuesta contempla reducirla a 14 años y establece un régimen penal específico para adolescentes, priorizando la resocialización, la educación y el respeto a los derechos procesales.

El texto del proyecto estipula que los menores imputados deben ser juzgados bajo un sistema acusatorio, garantizando su continuidad educativa. Además, se especifica que las penas de prisión no podrán exceder los 15 años.

Asimismo, se establece que, en caso de detención, los adolescentes deberán ser alojados en centros especializados o en sectores distintos dentro de los establecimientos penitenciarios.

Posturas enfrentadas y expectativas

Desde el oficialismo, la intención es acelerar el tratamiento de la propuesta en febrero. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha destacado que la modificación es una deuda pendiente para mejorar la respuesta del sistema penal frente a los delitos cometidos por menores.

Por su parte, la oposición presenta posturas divididas. Algunos sectores muestran apoyo a la reducción de la edad de imputabilidad, pero plantean discrepancias en torno a los delitos que deberían incluirse o la aplicación de las penas. Otros bloques, en cambio, se oponen a la modificación, argumentando que la solución debería enfocarse en políticas sociales y educativas adecuadas.

Compartir este artículo