A diferencia de años anteriores, donde los préstamos para jubilados y beneficiarios de asignaciones eran una constante, el panorama de los Créditos ANSES en febrero de 2026 es de una tensa espera. El sistema de préstamos personales directos otorgados por el organismo previsional se encuentra actualmente suspendido y sin vigencia operativa para nuevas solicitudes.
Esta medida, que se mantiene desde la publicación del Decreto 421/2025 el año pasado, eliminó la posibilidad de obtener financiamiento en efectivo a través del organismo. Sin embargo, el Congreso de la Nación ya tiene en agenda un proyecto clave para rehabilitar estas líneas con un enfoque totalmente renovado que cambiaría las reglas del juego a partir del próximo mes.
¿Por qué no se pueden pedir préstamos ANSES hoy?
La suspensión vigente responde a una decisión del Gobierno Nacional de limitar el uso de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para préstamos de consumo directo. El argumento oficial sostiene que el Estado no debe competir con el sector privado en el mercado crediticio y que el otorgamiento de dinero en efectivo por parte de ANSES generaba distorsiones en las variables económicas.
En la actualidad, el apartado de créditos en el portal Mi ANSES solo permanece activo para una función específica: que aquellos beneficiarios que tomaron un préstamo antes de la suspensión de 2025 puedan consultar sus cuotas remanentes o gestionar planes de pago. No existe formulario habilitado para nuevas altas ni turnos presenciales para tal fin.
El proyecto para la vuelta: préstamos de hasta $1.500.000
La novedad que genera expectativa para este 2026 es el proyecto de ley que comenzará a debatirse el 1° de marzo, coincidiendo con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Esta iniciativa no busca regresar al modelo anterior de libre disponibilidad, sino que propone un Régimen de Desendeudamiento Familiar.
De aprobarse esta ley, los nuevos créditos tendrían las siguientes características:
- Monto máximo: Hasta $1.500.000, con actualizaciones automáticas basadas en el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- Destino exclusivo: El dinero no se entregaría en efectivo, sino que se utilizaría para cancelar deudas preexistentes en tarjetas de crédito, financieras, mutuales o aplicaciones de microcréditos (fintech).
- Tasas reguladas: Se aplicaría la Tasa Mayorista (TAMAR) más 10 puntos, lo que la ubicaría muy por debajo del costo financiero que cobran los bancos privados o los prestamistas informales.
- Tope de cuota: El descuento no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante.
Quiénes estarían incluidos en el nuevo plan
El universo de potenciales beneficiarios que contempla el debate legislativo para marzo de 2026 incluye a sectores que hoy se encuentran “asfixiados” por intereses bancarios:
- Jubilados y pensionados (SIPA): Aquellos que cobren hasta seis haberes mínimos.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: Titulares vigentes.
- Pensiones No Contributivas (PNC).
- Monotributistas: Inscritos en las categorías más bajas (A, B, C y D).
- Trabajadores registrados: Con ingresos que no superen los seis salarios mínimos.
Alerta por estafas: qué NO hacer mientras se espera la ley
Dado que el tema está en la agenda pública, han proliferado perfiles falsos y aplicaciones que prometen “gestionar” el nuevo crédito. Es fundamental recordar que:
- No hay inscripción abierta: Hasta que el Congreso no vote la ley y ANSES la reglamente (proceso que llevaría todo el mes de marzo), no hay sistema para anotarse.
- ANSES no pide códigos por WhatsApp: El organismo nunca solicita claves de seguridad social ni transferencias de dinero para “habilitar” un préstamo.
- El trámite es personal: Una vez que el sistema vuelva a funcionar, se realizará únicamente a través de canales oficiales (.gob.ar) o en delegaciones del organismo.
El futuro de la asistencia financiera para los hogares argentinos dependerá de lo que suceda en el recinto parlamentario en pocas semanas. Hasta entonces, la única vía de financiamiento mediante ANSES es la red de convenios con mutuales y cooperativas, donde el organismo actúa solo como agente de retención, pero no como prestador de fondos propios.
