Las causas por fotomultas y contratos viales, que avanzan en los ámbitos provincial y federal, abarcan desde supuestos negociados con concesiones de VTV hasta operaciones financieras sospechosas vinculadas a sociedades creadas para administrar bienes alquilados al Estado.
El exministro de Transporte bonaerense Jorge Alberto D’Onofrio se halla en el centro de un expediente que involucra presuntas maniobras de corrupción, lavado de dinero y direccionamiento de contratos públicos durante su gestión. La investigación, iniciada por el fiscal Álvaro Garganta en La Plata, destapa un posible sistema de cobro irregular de multas de tránsito mediante gestores que ofrecían “borrar” o reducir infracciones a cambio de dinero.
Paralelamente, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, imputó al exfuncionario por lavado de activos, lo que llevó a diversos allanamientos en el microcentro porteño y en financieras no registradas. Estos operativos resultaron en el secuestro de más de 200 millones de pesos, 425.000 dólares, 4.600 euros y 112.000 reales, alimentando la sospecha de un entramado de blanqueo de fondos provenientes de contratos y concesiones direccionadas.
Investigación multifacética: Fotomultas y VTV como ejes centrales
Uno de los puntos críticos de la causa es el presunto uso indebido del sistema de fotomultas, donde se implementó un mecanismo para manipular el procesamiento de infracciones. Esto incluye desde reducciones indebidas hasta la eliminación completa de sanciones a través de operadores vinculados a juzgados de faltas y áreas administrativas.
Otro capítulo significativo está relacionado con las concesiones de VTV. La Justicia investiga adjudicaciones supuestamente direccionadas en beneficio de empresas vinculadas a la red investigada. En varios casos, los pliegos fueron manipulados para favorecer a determinados oferentes, como es el caso de la sociedad Mobmenza Desarrollos SRL, que adquirió un edificio en La Plata un día después de ser constituida, alquilándolo al Ministerio de Transporte, aunque sus socios carezcan de antecedentes empresariales.
Nuevos testimonios: CECAITRA y TNG Group en la mira
En los últimos días, nuevos testimonios han surgido, comprometendo a empresas que operan en la seguridad vial y en el sistema de fotomultas en varios municipios de la provincia. Uno de los señalados es TNG Group SA, operadora del sistema de fotomultas en La Plata, que mantiene vínculos con CECAITRA, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito.
Fuentes judiciales indican que el presidente de CECAITRA, Bernardino García, habría acordado con D’Onofrio y empresarios de este sector para direccionar contratos, involucrando recomendaciones desde el Ministerio de Transporte y desvios de fondos en forma de retornos.
Las reuniones se habrían llevado a cabo en espacios como el Hotel Faena y oficinas privadas, donde se discuten operaciones. El impacto político de esta investigación ya se siente en La Plata y otros municipios, con el oficialismo reconociendo la posibilidad de revisar algunos convenios ante los avances en el expediente.
D’Onofrio se defiende: ¿Qué futuro aguarda para él?
El exministro declaró ante la UFI 11 de La Plata, negando vinculación alguna con maniobras irregulares o sociedades sospechosas. Afirmó que los contratos se adjudicaron de acuerdo a la normativa vigente y que no tuvo papel en decisiones técnicas.
La causa sigue abierta y se alimenta con nuevas pruebas y testimonios, encontrándose en una etapa inicial que podría escalar. Fuentes cercanas a la investigación señalan que “todo indica que habrá nuevos capítulos en este escándalo político y judicial”, complicando cada vez más la situación de D’Onofrio y su futuro judicial.
