El debate sobre la inseguridad y el combate contra el delito juvenil sumó un nuevo capítulo de alta tensión política y judicial. Tras la revocación de la medida cautelar que intentó frenar la aplicación de la norma, reaparecieron voces críticas que advierten sobre efectos no deseados en las calles.
El cruce contra la jueza y el revés judicial
El conflicto escaló luego de que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocara el fallo de la jueza Marta Elba Pascual. La magistrada, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, había ordenado suspender por 60 días la aplicación del nuevo régimen por falta de infraestructura.
Sin embargo, el senador provincial y exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuestionó con dureza la postura de la magistrada. Para el legislador, la resolución judicial no respondió a un diagnóstico técnico sino a una “definición política”, recordando que el sistema contó con un plazo de 180 días desde la promulgación para adaptar los centros de contención.
La imputabilidad a los 14 años bajo la lupa
Si bien Berni se mostró formalmente a favor de reducir la edad de imputabilidad, apuntó directamente contra la redacción final de la norma impulsada por el Gobierno nacional. Calificó el límite fijado en los 14 años como una medida arbitraria que no atiende al proceso neuromadurativo de los adolescentes.
Según su análisis, fijar un piso rígido de edad sin un abordaje integral genera un riesgo directo en los barrios. Lejos de frenar el crimen, advirtió que las bandas delictivas comenzarán a reclutar menores de 13 años o más jóvenes para evitar las sanciones penales, logrando el efecto contrario al buscado.
Críticas por “fines electoralistas” y el sistema de penas
Para el exfuncionario, la ley aprobada perdió la oportunidad histórica de construir un modelo de responsabilidad penal juvenil de referencia internacional. Sostuvo que el proyecto fue redactado con “fines electoralistas” y que terminará agravando la problemática social en lugar de resolverla.
En ese sentido, remarcó que las sanciones para los menores deben enfocarse de manera contundente en la resocialización temprana. Propuso que la imputabilidad se determine mediante pericias psiquiátricas individuales que evalúen si el joven comprendió la criminalidad del acto, en lugar de aplicar un criterio meramente cronológico.
Situación actual y el régimen de detención
En medio de las controversias legales, la revocación de la cautelar deja firme la aplicación de la norma aprobada por el Congreso. Las decisiones judiciales deberán evaluarse caso por caso en los tribunales, en tanto la justicia ordinaria mantiene sus facultades de dictar medidas de encierro preventivo si considera que existe peligro procesal.
El debate deja al descubierto la profunda brecha entre la capacidad operativa de los institutos de menores y la exigencia social de respuestas ante el delito. La controversia continuará en el ámbito político y legislativo mientras los tribunales aplican el nuevo marco legal.
