El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha puesto en marcha un operativo de auditoría integral sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez en todo el territorio argentino. Esta medida surge tras la detección de presuntas irregularidades en el otorgamiento de beneficios durante gestiones anteriores y busca garantizar que la asistencia llegue efectivamente a quienes cumplen con los requisitos de vulnerabilidad social y discapacidad. El proceso de revisión, que ya se encuentra activo en mayo de 2026, contempla una evaluación presencial que combina criterios médicos y socioeconómicos para determinar la continuidad del pago mensual.
La transparencia en la asignación de recursos públicos es el eje central de este plan, que pretende normalizar un sistema que actualmente alcanza a más de 1,2 millones de beneficiarios en todo el país.
Cómo se realizará la revisión médica obligatoria
El componente principal de la auditoría es el examen médico presencial, el cual debe validar el grado de incapacidad laboral declarado originalmente. Los beneficiarios están siendo citados de manera escalonada para presentarse ante juntas médicas oficiales distribuidas en centros tecnológicos y sanitarios.
Durante esta instancia, los profesionales de la salud evalúan si el solicitante posee una disminución del 76% o más en su capacidad laboral, requisito fundamental para acceder a esta categoría de pensión. Es indispensable que el titular concurra con su Certificado Médico Oficial (CMO) actualizado y toda la documentación de respaldo, como estudios, radiografías o historias clínicas que certifiquen su patología. La inasistencia injustificada a estas citas puede derivar en la suspensión preventiva del cobro hasta que se regularice la situación del beneficiario.
Los nuevos criterios de la auditoría social y patrimonial
Más allá de la condición de salud, el Gobierno ha instruido una revisión profunda de las condiciones socioeconómicas de los titulares. La auditoría social utiliza cruces de datos en tiempo real con organismos como ANSES y ARCA para verificar que el beneficiario no se encuentre en alguna de las causales de incompatibilidad.
Entre los puntos de control patrimonial más estrictos se encuentran:
- No percibir otra pensión, jubilación o retiro, ya sea nacional, provincial o municipal.
- No poseer bienes inmuebles o vehículos de lujo que demuestren una capacidad económica incompatible con el beneficio.
- No estar empleado bajo relación de dependencia ni registrado como autónomo o monotributista en categorías elevadas.
- No contar con familiares obligados a prestar asistencia alimentaria que posean ingresos suficientes para cubrir las necesidades del titular.
Montos de las Pensiones No Contributivas en mayo 2026
Los haberes de las Pensiones No Contributivas por Invalidez están atados por ley al 70% de la jubilación mínima. Para este mes de mayo de 2026, tras los ajustes por movilidad, el monto neto que perciben los beneficiarios se sitúa aproximadamente en $275.221,87
A este valor se le suma, en los casos que corresponda, el bono de refuerzo previsional que el Gobierno otorga para compensar la inflación, lo que puede elevar el ingreso de bolsillo por encima de los $345.221,87. Es vital que los beneficiarios mantengan sus datos de contacto actualizados en la plataforma “Mi ANSES”, ya que las notificaciones sobre las auditorías y los cronogramas de pago se realizan a través de los canales digitales oficiales y por correo postal al domicilio declarado.
Qué hacer si recibís una notificación de revisión
Si un titular de PNC por Invalidez es seleccionado para la auditoría, recibirá una carta documento o una notificación a través de la aplicación oficial con la fecha, hora y lugar de la cita. Se recomienda no ignorar estos avisos, ya que la transparencia del proceso busca proteger a quienes realmente necesitan la asistencia.
En caso de que la auditoría determine que el beneficio fue otorgado incorrectamente o que el titular ya no cumple con los requisitos médicos o sociales, la Agencia Nacional de Discapacidad procederá a la baja definitiva del subsidio. No obstante, los afectados tendrán una instancia de apelación administrativa para presentar nuevas pruebas que respalden su situación. Para consultas adicionales, los interesados pueden comunicarse con la línea gratuita 130 de ANSES o dirigirse a la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana a su domicilio.
