Por 63 votos afirmativos, el Senado de la Nación ratificó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad y rechazó el veto total impuesto por el presidente Javier Milei. Esta decisión obliga al Poder Ejecutivo a promulgar la ley, conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional. Este hecho es significativo, ya que marca el primer veto presidencial que es invalidado por el Congreso en 22 años.
Detalles de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La legislación establece una emergencia en materia de discapacidad que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta norma instruye al Poder Ejecutivo para asegurar el financiamiento adecuado y continuado de pensiones no contributivas, prestadores y programas específicos. Además, incluye:
- Actualización automática de aranceles.
- Otorgamiento de pensiones a personas mayores de **70 años** o con discapacidad sin recursos, siempre que cuenten con el **Certificado Único de Discapacidad (CUD)**.
La ley también prevé la creación de mecanismos de diálogo institucional con el Consejo Federal de Discapacidad y faculta al jefe de Gabinete para realizar ampliaciones presupuestarias sin afectar partidas destinadas a servicios sociales.
Desarrollo de la sesión legislativa
La sesión fue presidida por Bartolomé Abdala en la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien quedó a cargo del Ejecutivo durante el viaje de Milei a Estados Unidos. Durante el debate, senadores de distintos bloques criticaron la justificación del veto presidencial, que fundamentaba la decisión en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.
Voces de la oposición expresaron sus descontentos. El senador Daniel Bensusan (UxP-La Pampa) afirmó que “este veto es una expresión brutal de desprecio por los derechos de las personas con discapacidad”. En una línea similar, Natalia Gadano (UxP-Santa Cruz) argumentó que “no se puede vetar la dignidad ni la igualdad.”
Por su parte, Guadalupe Tagliaferri (PRO-CABA) destacó que “la libertad no es abandonar a los argentinos a la buena de Dios,” mientras que Pablo Blanco (UCR) recalcó que “el ajuste no puede pasar por la gente que más lo necesita.”
Defensores del veto presidencial
En contraposición, senadores del bloque La Libertad Avanza y aliados defendieron la decisión del presidente. Carmen Álvarez Rivero (LLA-Córdoba) argumentó que ya existe una ley de discapacidad, sugiriendo que “no se necesitan más normas sino gestión”. También manifestó preocupación por un posible aumento del gasto público sin justificación.
El senador Martín Lousteau (UCR-CABA) reconoció la necesidad de auditar y organizar el sistema, pero propuso que esto se haga “con gestión, sin motosierra”.
Contexto político y social del rechazo al veto
El rechazo al veto presidencial también se produce en un contexto complicado, con una causa judicial en curso que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Aunque la ley se había presentado antes de la revelación de los audios sobre corrupción, el escándalo realzó su impacto en el debate legislativo.
Varios senadores, como Juliana Di Tullio (UxP-Buenos Aires) y José Mayans (UxP-Formosa), vincularon la resistencia del Gobierno a la sanción de la ley con intereses que justificarían los recortes y contrataciones en la agencia. “La plata para financiar esta ley sale del sobreprecio y la coima”, afirmó Tagliaferri, generando grandes repercusiones. Mientras tanto, el bloque oficialista denunció lo que consideran un intento de desestabilización, acusando a la oposición de “utilizar la discapacidad para atacar al presidente.”
En resumen, la Ley de Emergencia en Discapacidad queda ratificada hasta el 31 de diciembre de 2026 y marca un nuevo capítulo en la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad en Argentina.
