En el marco de la profunda reestructuración de las leyes laborales que atraviesa Argentina, uno de los puntos que mayor incertidumbre ha generado entre los trabajadores administrativos y de servicios es el futuro del teletrabajo. Tras la reciente aprobación de la reforma impulsada por el Gobierno nacional, se han introducido modificaciones que impactan directamente en la Ley 27.555, la normativa que regulaba el trabajo a distancia desde la pandemia.
Este sábado 21 de febrero de 2026, los especialistas en derecho laboral analizan el alcance de estas medidas, que buscan dar mayor “flexibilidad” a las empresas, pero que según diversos sectores gremiales, representan un retroceso en la protección de los derechos de los empleados que desempeñan sus tareas desde el hogar.
La eliminación de la reversibilidad obligatoria
El cambio más significativo dentro del nuevo esquema es la modificación de la reversibilidad. En la legislación anterior, el trabajador que había pasado de una modalidad presencial a una remota tenía el derecho unilateral de exigir el regreso a la oficina en cualquier momento.
Con la nueva reforma, esta posibilidad queda sujeta a la negociación individual o a lo que establezca cada convenio colectivo de trabajo. Esto significa que:
- El empleador puede pactar condiciones donde el regreso a la presencialidad sea una decisión exclusiva de la empresa.
- Se elimina la obligación de la compañía de garantizar un puesto físico inmediato si el empleado decide por cuenta propia que ya no desea teletrabajar.
Gastos de conectividad y herramientas de trabajo
Otro punto de fricción es la compensación de gastos. Si bien se mantiene el concepto de que el empleador debe proveer las herramientas de trabajo (computadora, silla ergonómica, etc.) y compensar los mayores costos en conectividad y servicios (luz e internet), la nueva normativa introduce el concepto de montos fijos no remunerativos definidos por el empleador.
Anteriormente, estas compensaciones estaban más protegidas frente a las inspecciones del Ministerio de Trabajo. Ahora, el Gobierno busca que estos pagos sean más ágiles y no generen “sobrecostos impositivos” para las empresas, lo que en la práctica podría resultar en montos que no lleguen a cubrir el impacto real de la inflación en los servicios públicos.
Derecho a la desconexión y tareas de cuidado
El derecho a la desconexión digital sigue vigente en los papeles, pero la reforma suaviza las sanciones para las empresas que envíen comunicaciones fuera del horario laboral. Según el nuevo texto, el envío de correos o mensajes por fuera de la jornada no constituye de por sí una infracción, siempre y cuando no se exija una respuesta inmediata.
En cuanto a las tareas de cuidado, se ha flexibilizado la obligación de las empresas de adaptar los horarios para quienes tengan a su cargo niños o adultos mayores. La nueva ley fomenta que estos esquemas se resuelvan de manera “particular” entre jefe y empleado, restando peso a la obligatoriedad que imponía la ley original.
El impacto en las empresas de tecnología y servicios
Para las empresas, especialmente las pymes y las firmas de software, estos cambios son vistos como una oportunidad para reducir la litigiosidad. El argumento oficial es que la ley anterior era tan rígida que muchas compañías preferían no contratar bajo la modalidad de teletrabajo para evitar futuros juicios.
Sin embargo, para el trabajador, la preocupación radica en la pérdida de la previsibilidad. Al quedar gran parte de las condiciones sujetas a la negociación individual, aquellos empleados con menor poder de negociación o que no pertenecen a gremios fuertes podrían verse obligados a aceptar condiciones menos favorables para mantener su puesto remoto.
