La suspensión de la norma que reduce la edad de imputabilidad generó una fuerte polvareda institucional y puso en la mira la actuación de la Magistratura provincial.
Las repercusiones por haber frenado la aplicación del nuevo régimen penal juvenil escalaron rápidamente hasta la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento.
Tres denuncias de juicio político en puerta
El pedido de jury contra la jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, ya cuenta con tres presentaciones formales ingresadas en el Senado bonaerense.
Las denuncias llevan la firma del senador Guillermo Montenegro (Pro), del diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos) y del abogado Alfredo Drocchi por derecho propio.
Los acusadores señalan que la magistrada incurrió en mal desempeño y extralimitación funcional al frenar una ley nacional mediante una cautelar de primera instancia.
El origen de la medida cautelar y los 60 días de prórroga
La controversia comenzó tras el fallo emitido el 7 de septiembre en el marco de un hábeas corpus presentado por la ONG “Federación Familia Grande Hogar de Cristo”.
En esa resolución, Pascual pospuso por 60 días la aplicación en territorio bonaerense de la Ley Nacional 27.801, que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La jueza sustentó su fallo en las condiciones del Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, argumentando que no se cumplían los estándares mínimos para alojar a los adolescentes.
Los argumentos de los acusadores
Quienes impulsan la destitución remarcan que la magistrada invadió competencias de la Corte Suprema y frenó una norma aprobada en el Congreso sin resolver la cuestión de fondo.
También objetan que se haya paralizado la ley en toda la Provincia basándose en la situación particular de un solo establecimiento y sin datos estadísticos globales.
Desde el sector denunciante afirman que la decisión paraliza la adaptación que la Casa Rosada aprobó en febrero con un plazo de 180 días para adecuar los centros de detención.
Cómo continúa el trámite para el jury
El proceso avanza en la Secretaría de Enjuiciamiento a cargo de Ulises Giménez, donde los denunciantes deberán ratificar sus firmas presencialmente.
Posteriormente, las tres presentaciones se unificarán en un dictamen que será enviado a la Procuración General y a la Comisión Bicameral en un plazo estimado de 10 días.
De prosperar el reclamo, la Suprema Corte bonaerense junto a la Secretaría sortearán 10 conjueces (cinco abogados y cinco legisladores) para dar inicio formal al jury.
