Adscritos a más de 52 líneas de colectivos porteñas y bonaerenses no prestaron servicio este martes por un lapso de 24 horas a causa de reclamos salariales y laborales, en el contexto de una dura interna en la Unión Tranviarios Automotor ( UTA), a pesar de que su conducción alcanzó este lunes un acuerdo paritario para los choferes de corta y media distancia.
La medida forzosa fue criticada por las autoridades nacionales calificándola de “ilegítima” y advirtieron que conllevará sanciones, además la cuestionó la dirigencia de la UTA, catalogándola de “ilegal”.
Sin embargo, la resolución de la negociación paritaria en el Ministerio de Trabajo, donde la UTA y las cámaras convinieron una recomposición de los haberes del 18,3 por ciento, que involucra los montos fijos otorgados por decreto, y las fechas de pago, la oposición a Roberto Fernández en el sindicato detuvo los servicios.
Las principales 10 líneas afectadas por la huelga transportan a unas 15 millones de personas al mes aproximadamente, en tanto más del 5 por ciento de la población de Buenos Aires está aquejada por la protesta gremial, es decir, más de 698 mil usuarios de esos servicios.
La líneas del área metropolitana en paro por los trabajadores identificados con la oposición que lidera Miguel Bustinduy son la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 106, 107, 108, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188 y, en el área provincial, la 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 540 y 543, así lo aseguraron fuentes gremiales.
El ministro de Transporte, Mario Meoni, tildó la medida forzosa liderada por los choferes de las líneas de la empresa DOTA como “ilegítima en términos legales” y explicó que “la UTA y el conflicto no tiene relación con las temas salariales sino con asuntos internos, sobre los que trabaja la cartera laboral”.
La Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) conformó que: “se adoptarán medidas sancionatorias” sobre las firmas que no ofrecieron servicio de pasajeros -aunque no explicó de qué tipo- y afirmó en un comunicado que la convocatoria a una protesta por parte de “un grupo de trabajadores fue arbitraria e injustificada”.
Fernández, jefe del gremio, contrarió el paro convocado por la agrupación “Juan Manuel Palacios” y expresó que “gerentes de la firma monopólica DOTA quieren conducir a la organización gremial a través de pseudodirigentes”, con referencia a Bustinduy. De esta manera apuntó que la protesta “es ilegal porque la UTA no dispuso ningún paro”.
El sindicalista dijo que “ese grupo fue el que tomó la sede central del gremio el 16 de diciembre último de forma violenta y arriesgó la vida de los empleados” y negó que la oposición paralizara a las más de 52 líneas al especificar que “dieciséis funcionan normalmente porque no se sumaron y, otras 25, no permiten salir a las unidades”.
“DOTA es responsable y algunos de sus gerentes cómplices. Esa empresa tiene varias líneas, es dueña de la fábrica de chasis Agrale, tiene mutual y compañía de seguros, pero le hace falta la UTA para culminar con el combo”, denunció el dirigente.
Fernández aseguró que: “el paro es contrario a la ley y pone en riesgo centenares de puestos de trabajo”.
Fernández se había adelantado a la reunión paritaria planificada y convino un acuerdo de recomposición de los haberes del 18,3 por ciento en tres partes, aunque la oposición a su gestión confirmó de igual manera la medida de fuerza.
El sindicato, las carteras laboral y de Transporte y las cámaras empresarias convinieron el pago de las diferencias salariales derivadas de la determinación de los salarios de enero para este viernes, en tanto esas variaciones de haberes de diciembre serán abonadas en dos cuotas iguales el 26 de febrero y el 30 de marzo, informó el dirigente.
Además, el primer aumento mínimo y uniforme derivado del decreto 14/20 entrará en vigencia el 17 de febrero, el segundo el 17 de marzo y, el correspondiente a ese último mes, el próximo 17 de abril, totalizando una mejora del 18,3 por ciento.
