La tensión salarial en el sector público argentino ha escalado un nuevo peldaño este febrero de 2026. Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que registró una variación del 2,9% —el valor más alto en casi un año—, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó un pedido de reapertura inmediata de paritarias y un incremento salarial de emergencia para compensar lo que consideran un “ajuste planificado” sobre los haberes de los empleados estatales.
El reclamo surge en un momento crítico donde la canasta básica continúa su tendencia alcista, impactando con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos dentro de la administración pública.
Los motivos del reclamo: inflación y pérdida de poder adquisitivo
El pedido de ATE, encabezado por Rodolfo Aguiar a nivel nacional y replicado por diversas seccionales como ATE Capital, se fundamenta en que los acuerdos previos han quedado obsoletos frente a la realidad de las góndolas. Según los dirigentes gremiales, los incrementos del 2% otorgados para enero y febrero resultan insuficientes ante una inflación que acumuló un 32,4% en los últimos doce meses.
El gremio sostiene que existe un desfase superior al 7% solo para empatar la inflación del periodo 2025, sin contar la aceleración de precios registrada en el inicio de este año. Por ello, la exigencia no solo incluye un porcentaje de recomposición, sino también la creación de adicionales por formación (títulos, maestrías y doctorados) y un aumento urgente en el reintegro por jardín de infantes, un ítem vital para las familias estatales.
La postura del Gobierno y la división gremial
Mientras ATE rechaza sistemáticamente las ofertas oficiales, el panorama en la mesa de negociación muestra una grieta sindical:
- UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación): El gremio liderado por Andrés Rodríguez ha mantenido una postura de mayor diálogo, avalando recientemente el bono extraordinario de $50.000 para los sectores más rezagados y los incrementos escalonados del 2% propuestos por el Poder Ejecutivo.
- Gobierno Nacional: El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, ha insistido en que el margen fiscal es “acotado” y que los aumentos deben alinearse con la pauta de equilibrio fiscal para no alimentar la espiral inflacionaria.
Conflictos en las provincias: el caso Buenos Aires y Santa Fe
El malestar no se limita al ámbito nacional. En la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof ofreció un aumento del 3% para febrero, propuesta que fue rechazada por ATE y UPCN bonaerense por considerarla “insuficiente para garantizar una recuperación real”. Los gremios en territorio bonaerense exigen una actualización bimestral que funcione como cláusula gatillo ante imprevistos económicos.
Por su parte, en Santa Fe, la discusión paritaria pasó a un cuarto intermedio tras el reclamo de los trabajadores de la salud y la administración central. Allí, ATE estima que la diferencia para igualar el costo de vida del último bimestre duplica lo ofrecido inicialmente por el gobierno provincial.
Qué esperar para marzo de 2026
El escenario de cara al próximo mes es de alta conflictividad. ATE ya ha adelantado que, de no obtener una respuesta satisfactoria a la nota presentada ante las autoridades nacionales, se profundizarán las medidas de fuerza. Entre los puntos clave que se negociarán en las próximas semanas se encuentran:
- Salario Mínimo Estatal: El gremio busca elevar el piso salarial para que ningún trabajador público perciba menos de lo necesario para cubrir la Canasta Básica Total, que hoy supera el millón de pesos para una familia tipo.
- Pases a planta permanente: La estabilidad laboral sigue siendo una moneda de cambio en las negociaciones, especialmente en áreas descentralizadas y hospitales nacionales.
- Horas extra: Se demanda el aumento del tope de horas extras para las categorías más bajas, permitiendo así una mejora indirecta en el ingreso de bolsillo.
El desenlace de estas paritarias será un termómetro para el resto de los gremios del sector privado, que observan con atención si el Estado cede ante la presión inflacionaria o mantiene su política de techos salariales rígidos.
