Las conversaciones financieras entre el Gobierno argentino y los grandes bancos de Wall Street avanzaron durante las últimas semanas en medio de presiones cruzadas, exigencias de garantías y discusiones internas en Estados Unidos. En ese escenario, un cambio inesperado terminó de destrabar parte del acuerdo y abrió la puerta a anuncios inminentes sobre el crédito destinado a reforzar el frente cambiario.
Qué cambió en la negociación del préstamo de hasta u$s20.000 millones
Los principales bancos involucrados —J.P. Morgan, Citigroup, Bank of America y Goldman Sachs— decidieron asumir por sí mismos la garantía del préstamo, utilizando como respaldo activos vinculados a la System Open Market Account (SOMA) de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Este giro resulta significativo porque, hasta hace pocas semanas, las entidades reclamaban que el Departamento del Tesoro de EE.UU. se hiciera cargo del riesgo soberano argentino, algo a lo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se negó sin aval del Congreso. La postura fue un retroceso para los bancos, que presionaban por un “backstop” explícito debido a la calificación especulativa de la deuda argentina.
La opción acordada ahora permite avanzar sin comprometer fondos públicos estadounidenses y evita tensiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se declaró en contra de decisiones que alteren su prioridad como acreedor.
Cómo funciona la garantía colateralizada en la SOMA
La SOMA es el portafolio de activos que administra la Reserva Federal para ejecutar la política monetaria. Alberga más de u$s280.000 millones en valores del Tesoro y otros instrumentos financieros. Su administración está a cargo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la institución más influyente del sistema, donde participan bancos miembros como J.P. Morgan, Goldman Sachs y Citigroup.
En este esquema:
- Los bancos podrían transferir “securities” del Exchange Stabilization Fund (ESF) hacia la SOMA.
- Ese movimiento les permite colateralizar hasta 50% del préstamo si Argentina entra en incumplimiento.
- Se apoya en operaciones que incluyen recompras de hasta u$s38.000 millones en títulos “off-the-run”, generando liquidez sin gasto fiscal directo.
La maniobra aparece detallada en el reciente Quarterly Refunding Statement del Tesoro de Estados Unidos.
Este mecanismo refleja la interdependencia estructural entre Wall Street y la Fed, dado que las entidades privadas son accionistas —con acciones no transferibles— del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
El rol del FMI y la presión política en Estados Unidos
El Fondo Monetario Internacional se mantuvo vigilante sobre la negociación. Su directora gerente, Kristalina Georgieva, reiteró su apoyo al programa económico argentino basado en disciplina fiscal y acumulación de reservas, pero rechazó cualquier esquema que pudiera subordinar su prioridad como acreedor.
A su vez, dentro de Estados Unidos crecieron las críticas políticas. La senadora Elizabeth Warren cuestionó la propuesta original y la calificó como un “subsidio a Wall Street” en pleno riesgo de shutdown. Su oficina exigió información al Tesoro y a la Fed de Nueva York sobre el uso de fondos públicos como respaldo para préstamos privados, con fecha límite del 12 de noviembre.
La presión legislativa y del FMI impulsó que los bancos finalmente internalizaran el riesgo, dejando al Tesoro fuera del esquema de garantía directa.
Impacto para el Gobierno argentino y monto final del crédito
Para el Gobierno de Javier Milei, el préstamo —con tasas estimadas entre 7-9% y plazos de 5-7 años— implica un refuerzo para enfrentar un escenario de reservas netas muy bajas y un riesgo país cercano a 650 puntos básicos.
Incluso el propio Milei habría retomado el tema durante su viaje a Miami el 5 de noviembre, en el marco del American Business Forum, en una conversación informal con Jamie Dimon.
Aun así, analistas de Wall Street anticipan que el monto final sería inferior a los u$s20.000 millones anunciados. Las estimaciones más conservadoras proyectan un mínimo cercano a u$s5.000 millones, reflejando una menor percepción de urgencia por parte de los bancos tras el avance de las reformas económicas en el país.
