El debate por la transformación del sistema educativo volvió al centro de la escena nacional luego de que el Gobierno presentara su proyecto definitivo de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que había generado expectativa, críticas y revisiones desde su primer borrador. El texto final introduce nuevas herramientas, modifica artículos cuestionados y redefine el rol del Estado, las familias y las instituciones dentro del sistema.
Énfasis en las familias y financiamiento a la demanda
Uno de los ejes centrales del proyecto es el refuerzo del papel de las familias en la toma de decisiones educativas. Aunque el texto evita la palabra voucher, incorpora el concepto bajo el esquema de financiamiento por la demanda, habilitado en el artículo 83.
Según la propuesta, el Sistema Nacional de Educación podrá implementar vales, bonos, becas, créditos fiscales u otros instrumentos similares, destinados a que las familias elijan libremente la institución donde educar a sus hijos. Este mecanismo se orienta, según el Gobierno, a favorecer la equidad y ampliar la diversidad de propuestas de aprendizaje.
Dentro del mismo enfoque, el proyecto reconoce formalmente la educación en el hogar (homeschooling), incorporada como una de las formas alternativas de enseñanza. El texto indica que:
- Se podrá recibir Educación Básica en el hogar, dirigida por padres, tutores o personas designadas por ellos.
- Los estudiantes deberán inscribirse en el sistema educativo para acreditar conocimientos y rendir evaluaciones.
- La modalidad está destinada a quienes no asisten regularmente a una institución de educación básica.
El Gobierno destaca que la medida apunta a garantizar el derecho a enseñar y aprender bajo esquemas flexibles y elegidos por las familias.
Creación de los Consejos Escolares de Padres
Otra de las incorporaciones destacadas es la creación de los Consejos Escolares de Padres, que funcionarán en todas las escuelas estatales. Estos organismos tendrán un rol institucionalizado dentro de cada establecimiento, con potestades que incluyen:
- Asesoramiento y orientación institucional.
- Supervisión y rendición de cuentas en asuntos estratégicos.
- Participación en los procesos de contratación y remoción del equipo directivo.
El proyecto también establece que el rol de director escolar deberá contar con formación específica acorde a sus funciones.
Publicación de resultados y acceso a información escolar
La Ley de Libertad Educativa habilita algo que hoy está prohibido por la normativa vigente: la publicación de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela.
La autoridad nacional deberá difundir, en un portal digital abierto y de fácil navegación, información desagregada por institución que incluya como mínimo:
- Resultados de evaluaciones censales.
- Indicadores que permitan comparar aprendizajes y desempeño institucional.
El objetivo es que las familias cuenten con datos suficientes para elegir escuelas basándose en información concreta sobre calidad educativa.
Examen Nacional de Educación Secundaria (enes)
Entre las medidas más resonantes aparece la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), un instrumento que ya había sido mencionado en la primera Ley Ómnibus pero que no avanzó en aquel momento.
En esta versión del proyecto:
- El ENES será una evaluación individual y voluntaria.
- Podrá ser rendido por estudiantes que finalizan el secundario en cualquier modalidad.
- También podrá ser rendido por egresados en años posteriores.
- Evaluará conocimientos y habilidades de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades.
La evaluación se implementará anualmente y estará alineada con los contenidos mínimos nacionales vigentes.
Evaluación docente y auditoría universitaria
El proyecto también incorpora herramientas de control y seguimiento tanto para docentes como para las instituciones de educación superior.
En el nivel obligatorio:
- Los docentes deberán ser evaluados al menos cada cuatro años.
- Estas evaluaciones formarán parte de los procesos de mejora continua.
En las universidades de gestión estatal, se establece un esquema combinado de auditoría externa e interna. El control administrativo estará a cargo de:
- Auditoría General de la Nación (AGN)
- Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
- Ministerio de Capital Humano
Además, todas las universidades deberán implementar mecanismos internos de auditoría que garanticen transparencia en el uso de bienes y recursos.
Qué quedó fuera del proyecto final
Aunque la mayoría de los artículos del borrador inicial se mantuvieron, algunos puntos fueron retirados tras las críticas recibidas. Entre ellos:
- La habilitación de la educación religiosa en escuelas estatales.
- La obligación de que el Estado financie a las escuelas privadas con el mismo monto por alumno que a las instituciones públicas.
El Gobierno sostiene que las modificaciones buscan preservar consensos básicos sin alterar la orientación general de la reforma educativa.
