Desde Juntos por el Cambio criticaron la entrega de subsidios de hasta $50.000 por mes para desalentar las tomas de terrenos en el territorio bonaerense.
Desde legisladores hasta intendentes pusieron el grito en el cielo por este plan que ofrece una ayuda económica por tres meses, con posibilidad de extenderlo por el mismo plazo.
Sobre el tema, el senador provincial y hombre cercano al intendente platense Julio Garro, Juan Pablo Allan, criticó con dureza la medida y aseguró que lo que hace es “incentivar” a las tomas en lugar de desalentarlas.
“Es una muy mala señal, va en el sentido opuesto a lo que se necesita, va a generar que se produzcan más tomas. Además, muestra las prioridades porque no hay auxilio para los colegios privados pero sí para los que usurpan, es el mundo del revés”, manifestó Allan
La entrega de esos montos quedó a cargo del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, liderado por Andrés Larroque, quien aseguró que “cada subsidio que se otorgue será supervisado por los tres organismos de control que tiene la Provincia, por lo que no se tratará de adjudicaciones generalizadas”.
En la misma sintonía, el diputado de Juntos por el cambio y hombre de confianza del intendente de Lanús, Adrián Urreli, destacó que este tipo de medidas es un “aliento a las usurpaciones” y manifestó la preocupación de todo el espacio.
Por otro lado, los intendentes del PRO salieron también a discutir la iniciativa de Kicillof que prevé aportar $54 millones a este tipo de subsidios y lo cuestionaron por no considerar a las y los trabajadores o comerciantes que debieron cerrar sus negocios.
El intendente de Pinamar expresó por las redes su desacuerdo con la medida: “La angustia de muchos de nosotros se genera porque hay políticos que dicen que están a favor de la propiedad privada, mientras entregan planes sociales a personas que usurpan tierras, y luego no los desalojan, sino que de hecho les dan más plata”, señaló Martín Yeza.
La situación se da en medio de las negociaciones por la desocupación del predio de Guernica, donde todavía quedan muchas familias que no aceptaron retirarse a complejos habitacionales.
Por esto, el ministerio de Seguridad a cargo de Sergio Berni ya puso en marcha unos 4.000 agentes para el inminente desalojo en Guernica ya que el plazo que fijó el juez vence el viernes 30 de octubre y ya no hay más posibilidades de extenderlo.
El problema de las usurpaciones se volvió un fuerte dolor de cabeza para el gobierno provincial. Primero comenzó en algunos puntos, luego quedó en el foco la situación en el partido de Presidente Perón.
Por último, desde la oposición manifestaron que entre los intendentes del Frente de Todos tampoco cayó bien esta decisión del gobierno bonaerense de aplicar los subsidios “antitoma”.
“Creo que por cuestión de pertenencia van a estar complicados para criticar, pero sin dudas que a todo aquel que gestiona y tiene un territorio a cargo esto lo perjudica, es un gran incentivo para que las tomas sigan y aumenten”, aseguraron
“Es un tema muy delicado, entiendo que los intendentes del Frente de Todos enfrentan la problemática y deben estar temerosos de que se produzcan más tomas de tierras. Además, está el problema de seguridad porque se pueden producir hechos de los que después hay que hacerse cargo”, concluyeron
