De manera inesperada y generando un profundo malestar entre vecinos y familiares de víctimas, el municipio bonaerense de Navarro habría designado en el área de Seguridad Vial, Monitoreo y Tránsito a Javier Odera, quien fue condenado en 2022 por un triple homicidio ocurrido durante un siniestro vial en 2014.
La denuncia fue realizada por Gabriela Casco madre de Ramiro Pizzolato, uno de los tres jóvenes que murieron aquella madrugada del 22 de noviembre de 2014, junto a Pedro Odera y Oscar Salas. La mujer aseguró públicamente que la designación del condenado en un área tan sensible constituye un “nuevo golpe” para las familias de las víctimas.
“El municipio de Navarro y Odera volvieron a matar a mi hijo”, expresó con dolor Gabriela, tras enterarse de la presunta incorporación de Odera a la estructura municipal que lidera el intendente Facundo Diz. A pesar de que la sentencia judicial estableció tres años de prisión en suspenso y siete de inhabilitación para conducir, la familia sostiene que Odera no sólo continúa manejando, sino que lo hace con total impunidad y ahora en funciones públicas.
La polémica se agravó al conocerse que la supuesta designación se realizó sin anuncio oficial ni comunicación institucional, lo que generó aún más indignación. “Parece que vivimos en el mundo del revés”, expresó la madre de Ramiro, quien presentó notas formales tanto en el municipio como en el Concejo Deliberante de Navarro, sin obtener hasta el momento ninguna respuesta.
La familia Pizzolato y la Asociación Madres del Dolor alertaron sobre la gravedad institucional del caso y aseguraron que este tipo de decisiones transmiten un mensaje peligroso a la sociedad: que las leyes pueden ser ignoradas y que una tragedia vial puede no tener consecuencias reales.
El hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2014 en la ruta 41, en una zona entre Mercedes y Navarro. Ramiro, de 20 años, viajaba como acompañante en una camioneta junto a otros tres jóvenes cuando impactaron de frente contra un camión. Tres de ellos murieron: Ramiro, otro joven de 20 años y uno de 19. El conductor de la camioneta, Javier Odera, fue el único sobreviviente.
Según denuncian, la inhabilitación para conducir que rige hasta abril de 2030 es sistemáticamente violada por Odera, que circula libremente por las calles del municipio. A pesar de que esta situación está bajo la órbita del Juzgado de Ejecución Nº 1, no se habrían adoptado medidas concretas frente al incumplimiento de la sentencia.
Sectores sociales y vecinos de Navarro también manifestaron su repudio, destacando que una Secretaría de Seguridad no puede estar conducida por alguien con antecedentes tan graves. “Debe ser un ejemplo de respeto a la ley, no un refugio para quienes la quebrantaron”, indicaron allegados a las víctimas.
Gabriela Casco reiteró que no busca venganza, sino respeto por la memoria de su hijo y una verdadera justicia: “Esto no es sólo una falta de empatía. Es institucionalizar la impunidad. Y la comunidad de Navarro no merece eso”.
Hasta el momento, no hubo declaraciones públicas por parte del intendente Facundo Diz ni de la Secretaría de Seguridad.
