El clima político y económico en Argentina sumó un nuevo capítulo de alta tensión este viernes 13 de febrero de 2026. Diputados del bloque de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, acusándolo de intervenir directamente en el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La presentación judicial, encabezada por los legisladores Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, apunta a presuntas irregularidades en la medición de la inflación y la violación del secreto estadístico.
La controversia escaló tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que registró un 2,9%. Sin embargo, el foco del conflicto no es solo el número en sí, sino la decisión de frenar la implementación de una nueva metodología de medición que, según la oposición, ya estaba lista para ser aplicada desde el inicio de este año.
Los puntos clave de la denuncia judicial
La presentación realizada ante la Justicia Federal imputa al ministro por varios delitos previstos en el Código Penal y leyes específicas de estadística:
- Violación de los deberes de funcionario público: Se acusa a Caputo de abusar de su autoridad para postergar el nuevo índice de precios. Según la diputada Julia Strada, el objetivo de esta demora sería “ocultar el impacto real de los tarifazos” en los servicios públicos, manteniendo una canasta de consumo desactualizada que subestima el peso de las tarifas en el bolsillo de los hogares.
- Violación del secreto estadístico: La denuncia sostiene que el ministro filtró o anticipó datos oficiales antes de su publicación formal a través de sus redes sociales, lo cual está estrictamente prohibido por la Ley 17.622, que garantiza la independencia técnica del organismo.
- Falsificación de documentos públicos: Los legisladores plantean que el mantenimiento forzado de una metodología obsoleta, con el fin de obtener un resultado político favorable, constituye una distorsión de las estadísticas públicas.
El conflicto por la salida de Marco Lavagna
Un elemento central en esta crisis es la situación institucional del INDEC. En los últimos días, se intensificó el cruce de versiones sobre la salida de Marco Lavagna de la dirección del instituto. Mientras que desde el entorno del ministro Caputo calificaron la transición como “amigable”, los sectores denunciantes aseguran que se trató de una intervención de hecho para evitar que se aplique la nueva fórmula de cálculo que el equipo técnico del INDEC venía preparando desde octubre de 2025.
Caputo, por su parte, descalificó las acusaciones a través de su cuenta en la red social X, tildándolas de “mentiras” y asegurando que el nuevo índice incluso arrojaba una cifra menor que el actual. El ministro argumentó que los cambios metodológicos deben realizarse una vez que el proceso de desinflación esté consolidado para evitar ruidos estadísticos.
Por qué esta denuncia afecta a todos los argentinos
La credibilidad del INDEC es un pilar fundamental para el funcionamiento de la economía argentina. El IPC no es solo un dato periodístico; tiene consecuencias legales y financieras directas:
- Jubilaciones y asignaciones: La fórmula de movilidad previsional depende directamente de los datos de inflación y salarios que publica el INDEC. Una subestimación de estos números impacta en el poder de compra de millones de jubilados.
- Acuerdos paritarios: Las negociaciones colectivas de salarios se rigen por las expectativas y los datos de inflación oficial. La falta de confianza en el índice podría paralizar o tensionar aún más las discusiones entre gremios y empresas.
- Contratos y alquileres: Miles de contratos privados en Argentina utilizan el índice de inflación como referencia de ajuste, por lo que cualquier sospecha de manipulación genera inseguridad jurídica.
El camino legislativo y judicial
Además de la vía penal, el bloque de Unión por la Patria ha solicitado formalmente la interpelación de Luis Caputo en el Congreso. Buscan que el ministro brinde explicaciones cara a cara frente a los legisladores sobre por qué se decidió posponer el nuevo índice y bajo qué sustento técnico se realizaron los comentarios públicos sobre datos que aún no habían sido procesados oficialmente.
Mientras la causa judicial comienza su curso en los tribunales de Comodoro Py, el debate sobre la transparencia estadística vuelve a situarse en el centro de la escena nacional, recordando épocas pasadas donde la credibilidad de los números públicos fue el foco de una prolongada crisis institucional.
