Un cliente de telefonía celular obtuvo un fallo judicial sin precedentes tras enfrentar tres años de maltrato, abusos y falta de respuestas por parte de la empresa Telecom Argentina, titular del servicio de Personal. La Justicia ordenó una indemnización que supera los 865 millones de pesos, sentando un precedente contundente en favor de los derechos del consumidor.
El caso fue resuelto por el Juzgado en lo Civil y Comercial N°6 de Mar del Plata, donde la jueza Gabriela De Sábato determinó que la empresa incurrió en graves violaciones contractuales, incluyendo descuentos injustificados, activación de servicios no contratados y la imposibilidad de desbloquear el celular para cambiar de compañía. El usuario, que inició su reclamo en 2016, llegó a pedir explicaciones hasta 36 veces sin obtener respuestas.
La magistrada fue tajante: calificó la conducta empresarial como un “trato vejatorio“, marcado por el desprecio hacia los derechos del consumidor y el abuso de poder comercial. En su fallo, remarcó que la empresa incurrió en “una inconducta grave” y sostuvo que el cliente fue sometido a un “camino tedioso, indigno y humillante” para lograr que se respetaran sus derechos.
Entre los puntos más impactantes, se destaca la multa civil equivalente a 500 canastas básicas tipo 3 del INDEC, es decir, más de $593 millones, además de 12 mil dólares por daño moral, costas judiciales y honorarios profesionales, lo que eleva la cifra final a $865.658.292.
La sentencia no solo busca resarcir económicamente al damnificado, sino también enviar un mensaje ejemplificador. Según la jueza, la medida pretende evitar que otros consumidores sufran abusos similares en el futuro, destacando que la empresa “pudo haber revertido su postura en una audiencia de conciliación, pero no presentó propuesta alguna”.
Con este fallo, la Justicia sienta un precedente clave en la protección del usuario y reafirma el valor del trato digno, la transparencia y la información clara en las relaciones de consumo. Ahora, Telecom deberá enfrentar una de las condenas económicas más altas en la historia de la defensa del consumidor argentino.
