Mudarse para ir a la facultad en la provincia de Buenos Aires está a punto de cambiar para siempre. En la Legislatura bonaerense se presentó un proyecto de ley que busca derribar la principal barrera que enfrentan miles de jóvenes del interior y de otras provincias: la exigencia de una garantía propietaria tradicional para firmar un contrato de locación.
La iniciativa propone de manera oficial que el Banco Provincia actúe como garante institucional de los alquileres para estudiantes universitarios y terciarios. Esta medida promete transformar el mercado inmobiliario en grandes centros académicos como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Tandil.
Cómo funcionaría el aval del Banco Provincia para los estudiantes
El proyecto de ley apunta a que la banca pública asuma un rol activo a través de la creación de un fondo de garantía específico. Mediante este sistema, la entidad emitiría un seguro de caución o aval bancario con tasas subsidiadas o de carácter gratuito para presentar ante los propietarios.
Este respaldo financiero de la banca pública cubriría:
- El pago mensual del alquiler ante potenciales incumplimientos del inquilino.
- El costo de las expensas ordinarias del edificio.
- El pago de los servicios básicos del departamento asociados al contrato.
Al contar con el sello de la principal institución financiera de la provincia, los dueños de los inmuebles tendrían certeza de cobro inmediato, lo que facilitará la aceptación de los jóvenes y dinamizará la oferta de departamentos.
Quiénes podrán acceder a este beneficio para alquilar
Para garantizar que la asistencia estatal llegue a las familias que realizan el mayor esfuerzo económico para sostener los estudios de sus hijos, la propuesta define tres requisitos clave de alcance:
- Ser estudiante regular inscripto en universidades nacionales, provinciales o institutos de nivel superior de gestión pública dentro de territorio bonaerense.
- Haberse mudado a una localidad distinta a la de su residencia habitual para poder cursar la carrera.
- Cumplir con los parámetros socioeconómicos que fije la reglamentación, vinculados a los ingresos del grupo familiar conviviente con topes similares a las becas de estudio nacionales.
Los beneficios definitivos para inquilinos y propietarios
La puesta en marcha de este esquema de garantías públicas introduce ventajas directas para ambas partes, equilibrando un mercado que mantiene una altísima demanda:
- Chau al requisito tradicional: Los estudiantes ya no dependerán de conseguir un familiar directo con una propiedad a su nombre en la misma ciudad para poder firmar el contrato.
- Menos costos de ingreso: Al evitar las costosas comisiones de los seguros de caución privados, que suelen promediar sumas elevadas que duplican el valor de un mes de alquiler, las familias reducirán drásticamente los gastos iniciales para entrar a un inmueble.
- Seguridad total para los dueños: Los propietarios contarán con el respaldo patrimonial de una institución sólida, acelerando los procesos de cobro ante cualquier eventualidad sin necesidad de recurrir a extensos litigios judiciales.
El proyecto de ley comenzó su debate en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde se evalúa su viabilidad técnica y presupuestaria junto a las autoridades del banco y representantes de los centros de estudiantes.
