En un contexto de revisión integral del rol del Estado y de los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos, el Ejecutivo avanzó con cambios que impactan de forma directa en la relación entre el sector público y las empresas privadas. Las modificaciones introducen nuevos criterios que redefinen quiénes pueden participar de los procesos de contratación estatal.
Cambios en el régimen de contrataciones estatales
El Gobierno modificó el régimen de contrataciones del Estado Nacional mediante el decreto 5/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma amplía las restricciones para acceder a licitaciones públicas, incorporando nuevos supuestos de exclusión para empresas y proveedores.
A partir de ahora, no podrán presentarse a procesos de contratación aquellas firmas:
- Vinculadas a casos de corrupción.
- Involucradas en conductas fraudulentas.
- Asociadas a prácticas colusorias, coercitivas u obstructivas.
Con estos cambios, se establecen nuevos criterios de inelegibilidad aplicables a procedimientos de obras, provisión de bienes y prestación de servicios para el Estado Nacional.
Control de oferentes y listas de inhabilitación internacional
El decreto establece que los organismos estatales deberán evaluar las ofertas recibidas y verificar que los oferentes no integren registros de sanciones internacionales.
En particular, deberán chequear que las empresas no figuren en:
- Las listas de inhabilitaciones del Banco Mundial.
- Los registros de sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este mecanismo busca reforzar los controles previos a la adjudicación y homogeneizar los criterios de exclusión con estándares utilizados por organismos multilaterales de crédito.
El argumento oficial: integridad y transparencia
Desde el Ejecutivo señalaron que la contratación pública debe desarrollarse en un marco de integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas. En el texto del decreto se remarca que la corrupción:
- Deteriora la confianza en las instituciones públicas.
- Afecta la calidad de los servicios y prestaciones estatales.
- Distorsiona los incentivos económicos.
- Conduce a un uso ineficiente de los recursos públicos, debilitando el crecimiento y el desarrollo.
También se subraya el rol del Estado en implementar medidas para disuadir, prevenir y combatir el cohecho transnacional, ya sea por vías penales, civiles o administrativas, incluyendo la exclusión o inelegibilidad en procesos de selección.
Qué cambia respecto del régimen anterior
El esquema previo limitaba la inelegibilidad únicamente a prácticas de corrupción definidas por la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros. El nuevo decreto elimina esa referencia específica y amplía el alcance de las causales de exclusión, incorporando un abanico más amplio de conductas indebidas.
De esta manera, el régimen deja de circunscribirse a una definición puntual y pasa a contemplar criterios más amplios de integridad empresarial.
El contexto político y judicial de la medida
La modificación del régimen se produce tras la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, vinculada a irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Según lo determinado por la Justicia, la maniobra incluyó:
- Contratos públicos adjudicados de manera direccionada.
- Otorgamiento de adelantos financieros millonarios sin justificación.
- Abandono de obras sin aplicación de penalidades.
- Ampliaciones de plazos injustificadas.
Este antecedente judicial forma parte del marco en el que se refuerzan los controles sobre la contratación estatal.
Nuevo sistema de registro para empresas contratistas
Desde el año pasado, también se modificó el esquema de inscripción de empresas interesadas en participar de licitaciones de obra pública. Las firmas deben registrarse en el Sistema de Información de Cocontratantes (SICO).
Esta plataforma:
- Unifica los mecanismos de inscripción.
- Moderniza los procesos de calificación de contratistas.
- Centraliza la información relevante sobre proveedores del Estado.
El objetivo es contar con mayor trazabilidad y control sobre las empresas que contratan con el sector público.
Contrataciones, privatizaciones y concesiones en marcha
Las modificaciones al régimen de contrataciones se dan en paralelo con el avance del plan de privatizaciones impulsado por el Gobierno.
Entre los procesos en curso se destacan:
- El concurso para la venta de acciones de Transener, principal transportadora de energía eléctrica del país, como paso previo a la privatización de Enarsa.
- La apertura de sobres está prevista para el 23 de marzo.
- La segunda etapa de concesión de rutas nacionales, correspondiente al tramo 2.
- Incluye las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas.
- Abarca tramos de las rutas 3 y 5.
- Se concesionarán más de 1.800 kilómetros actualmente operados por Corredores Viales.
- Las ofertas se conocerán el 6 de febrero.
Estos procesos se desarrollan bajo el nuevo esquema de control y exclusión definido por el decreto, que redefine las condiciones para contratar con el Estado Nacional.
